El Govern diseñó una portada para los Presupuestos de la ‘república’ de 2018

La Generalitat diseñó meses antes del referéndum del 1-O una portada sobre los presupuestos de 2018 que ya atribuía al Govern de la República de Catalunya, para lo que llegó a barajar dos imágenes distintas, una con un puente de diseño moderno y otra con un campanario rural.

Así consta en un correo intervenido por la Guardia Civil que la directora general de Presupuestos de la Generalitat, Anna Terrach, remitió el 20 de junio pasado al entonces secretario de Hacienda, Lluis Salvadó, uno de los altos cargos del Govern que fueron detenidos el pasado 20 de septiembre por orden del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

En el correo, titulado Portada, Torrach adjunta a Salvadó dos propuestas de carátula, una con un puente moderno sobre un río y otra con unas vistas del campanario de un pequeño pueblo, que la responsable de Presupuestos afirma que podría tratarse de Pineda de Mar (Barcelona).

En ambos casos, en la portada figura el escudo de la Generalitat y, bajo el membrete de Govern de la República de Catalunya, se detalla que el documento hace referencia a la «Ley 1/2018, del 2 de enero. Presupuestos 2018».

La Guardia Civil concluye en un informe remitido al juez que ambos archivos, que se intervinieron en el buzón de entrada del correo electrónico de Salvadó, demuestran la planificación de la Generalitat en su proceso hacia la independencia «hasta el punto» de que llegaron a diseñar la portada para la «inmediata edición» de sus primeros presupuestos como estado independiente.

A partir del análisis de 53 correos intervenidos en el buzón de Salvadó, la Guardia Civil advierte en su análisis de que el Govern tenía previsto recaudar a partir de septiembre de 2017 todos los impuestos a través de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), tanto los cedidos como los propios de la Hacienda Tributaria Española, como el IRPF o el IVA.

En este sentido, para el instituto armado es revelador un correo electrónico que Salvadó envió en julio de 2017 a Torrach, en el que adjuntaba un documento que detallaba que en septiembre la ATC asumiría «todos los tributos propios y cedidos» y que la Generalitat ya había asegurado que este organismo catalán tendría capacidad para gestionar «incluso aquellos tributos que son exclusivos» del Estado.

De hecho, la Generalitat llegó a impulsar una prueba piloto, denominado «Proyecto ATC Tramitadora», en el que simulaba que la Agencia Tributaria Catalana podía recaudar todos los impuestos, entre ellos los no cedidos por el Estado como IRPF e IVA, según se desprende de los correos intervenidos a Salvadó.

En su correspondencia electrónica, Salvadó dejaba claro a sus colaboradores que la Generalitat recaudaría impuestos como el IRPF, el IVA o el impuesto de sociedades «cuando el desarrollo de las negociaciones», tras la declaración de independencia, lo hiciera «necesario».

En un correo de junio de 2017 dirigido al director de comunicación del departamento de Economía, Salvadó planteaba preguntas y ofrecía respuestas sobre este tema, de forma que, ante la cuestión de cuándo exactamente la Generalitat podría cobrar estos tributos respondía: «cuando esté la fruta madura».

Saqueo a las empresas en impuestos

«Las empresas, mayormente, tendrán que pagar los tributos según la legislación aplicable, que solo será una, y no dos», apuntaba el alto cargo de Economía, que remarcaba: «La resolución de la negociación postreferéndum debe ser llevada a cabo por los dos gobiernos, el del reino de España y el de la república catalana. Haremos todo lo posible para que no deban resolver estas cuestiones los contribuyentes».

Salvadó se mostraba convencido en sus escritos dirigidos al responsable de comunicación de Economía que los recursos necesarios para hacer funcionar la «futura república catalana» saldrían de «donde salen los recursos que hacen funcionar todas las repúblicas del mundo e incluso todas las monarquías del mundo: de la recaudación de los tributos».

«Y lo que falte, mientras falte (dinero), como le pasa a España, Francia o Japón, se consigue mediante los mercados financieros», apuntaba Salvadó, que afirmaba que no tenía «ningún tipo de duda» de que los mercados financiarían a Cataluña si la veían como «un país solvente».

De hecho, en un argumentario que la directora de Análisis Económico de la consellería de Economía envió a Salvadó, en junio de 2017, se detallaba que el proceso de independencia abría «oportunidades» de cara a la creación en Cataluña de un estado del bienestar «más eficiente y sostenible».

«Un sistema propio de Seguridad Social tendría un balance mucho más positivo en Cataluña que en España, porque los factores de ingresos son más favorables: proporcionalmente hay más población que trabaja y cotiza, y además lo hace con unos salarios más elevados. Y, mucho más importante, la autonomía de la gestión permitiría modular de forma más cercana a la realidad catalana el sistema de financiación y de cotizaciones sociales, así como las políticas de paro y ocupación», sostiene el documento.