La Fiscalía de Sánchez denunciará a Canarias «por abandono» si no acoge menas: Moncloa debe 72 millones

• Paula M. Gonzálvez @pmgonzalvez
• Periodista. Portadista y redactora. Formada en Criminología, Marketing Editorial y Cine. Email: paula.mgonzalvez@okdiario.com
• • 13/09/2024 17:30
  • Actualizado: 14/09/2024 15:29

La Fiscalía del Estado denunciará a Canarias en caso de que no acoja a los menores extranjeros no acompañados (menas) -a pesar de la deuda del Gobierno de Pedro Sánchez de 72 millones de euros con la comunidad- por la situación de «abandono» en la que estaría dejando a estos jóvenes, según justifica.

Así lo ha anunciado María Farnés Martínez Frigola, fiscal superior de Canarias, a través de un decreto emitido en el que da instrucciones a los fiscales del archipiélago en relación al protocolo territorial publicado este jueves para recibir a los menas en la región. En él también indica que investigará al Gobierno autonómico por la posible comisión de un delito de abandono si no acoge a estos menores que llegan en patera a las costas Canarias.

Se tendrán que adoptar las medidas necesarias para que el menor sea acogido «inmediatamente» en el centro de protección indicado. Los fiscales que estén de guardia en la Sección de Menores o en la de Trata de Personas y Extranjería de las respectivas fiscalías provinciales de Canarias «deberán dirigir oficio a dicha dirección general» al recibir «comunicación de cualquier miembro de Fuerza o Cuerpo de Seguridad del Estado informando de la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Adolescencia a la acogida de un menor extranjero no acompañado en un centro de protección canario, cuando el mismo haya sido debidamente reseñado».

Además, la fuerza policial que haya comunicado la situación al fiscal recibirá instrucciones del fiscal de guardia para que proporcionen al menor medidas de protección como comida o alojamiento, todo ello hasta que el mismo sea recogido por la Dirección General, hasta que se precise en qué centro debe ingresar o bien hasta que «con arreglo al protocolo publicado sea entregado a la Policía Autonómica Canaria, en cuyo caso se deberá controlar el tiempo de permanencia de dicho menor en dichas dependencias policiales», recoge el decreto.

También se deberá emitir un informe en el que aparezcan de manera detallada las circunstancias concretas de cada menor extranjero no acompañado, tanto las personales como las de su llegada, así como las referentes a su estado de salud. Es decir, tendrán que indicar si forman parte de una unidad familiar, si llegan con alguno de sus progenitores o algún otro familiar, si llegan en patera tras días de navegación o si en la embarcación ha habido algún fallecimiento, entre otros datos. El informe se deberá remitir al Fiscal Delegado de Trata de Personas y Extranjería.

«Identificar de forma detallada»

De la misma forma, estos últimos fiscales a los que se hace referencia «deberán incoar las correspondientes diligencias preprocesales de investigación ante la posible comisión de un delito de abandono de menores sin perjuicio de cualquier otro delito que pudiera aparecer en el curso de la investigación», indica el decreto: «Asimismo deberá identificar de forma detallada a las personas que de la Dirección General de Protección de la Infancia o bien responden a las llamadas, o bien les contenten que no tienen capacidad de acogida para dichos menores, o bien que no se van a hacer cargo de los mismos con base en el protocolo publicado el día 12 de setiembre del 2024 en el BOC».

Cabe recordar, tal y como publicó OKDIARIO a principios del mes de julio, que Pedro Sánchez lanzó a la Fiscalía contra el Gobierno autonómico. Lo hizo, precisamente, tras la información publicada por este medio en la que se revelaba que Moncloa le debe al Ejecutivo canario 72 de los 156 millones de euros que cuesta la manutención de los menas llegados a la costa de Canarias.

El jefe del Ejecutivo no cumplió con sus compromisos financieros con la comunidad autónoma y, aun así, exigía al gabinete de Fernando Clavijo alojarlos en hoteles y en equipamientos sobrepasados por la llegada masiva de inmigrantes ilegales.