El Gobierno rechaza explicar al Congreso qué hace con los inmigrantes radicalizados

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 28/05/2021 21:47
  • Actualizado: 28/05/2021 21:47

El Gobierno ha rechazado dar al Congreso de los Diputados información sobre las expulsiones de «presuntos terroristas yihadistas por constituir una amenaza real y grave para la Seguridad Nacional». El Ejecutivo tampoco explica «qué medidas está adoptando en relación con aquellos inmigrantes en situación irregular que sostienen postulados contrarios a los principios democráticos».

Así resuelve una pregunta por escrito de Vox en la Cámara baja, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El partido de Santiago Abascal buscaba además respuesta sobre las soluciones del Ejecutivo ante aquellos inmigrantes ilegales que, por sus postulados, «constituyen una amenaza real y grave a la Seguridad Nacional».

Sin embargo, el Gobierno no entra al detalle y se limita a informar que «no hace comentarios sobre decisiones y actuaciones de las autoridades judiciales».

«Por otra parte, cabe indicar que el Gobierno aplica la legislación vigente en materia de extranjería (…) donde se establece en su Título III las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador», señala.

«Este tipo de resoluciones, que conllevan la expulsión y la prohibición de entrada en territorio nacional o en todo el Espacio Schengen, en muchos casos son acordadas por la Autoridad Judicial, en virtud de la aplicación del artículo 89 del Código Penal, y en otros supuestos, aunque se trate de una iniciativa administrativa, requieren de la autorización judicial conforme a lo establecido en la legislación citada anteriormente», concluye el Gobierno, en cualquier caso, sin facilitar la información solicitada.

Vox se hacía eco en la pregunta de la decisión de la Audiencia Nacional de desestimar el recurso contra la resolución de la Secretaría de Estado de Interior que acordó la expulsión de un presunto yihadista marroquí.

Pese a que el hombre no fue condenado por los hechos investigados -enaltecimiento y captación de terroristas- la Audiencia observó «riesgo significativo y concreto para la seguridad pública» y concluyó que suponía «una amenaza, real, actual y suficientemente grave para la seguridad nacional». Ello, debido a la «radicalidad en sus pensamientos ideológicos que le habrían conducido a vestirse con túnica negra y turbante del mismo color, tal y como hacen los miembros del Daesh, realizando gran cantidad de consultas en Internet donde muestra un gran interés por el conflicto sirio».

Según informó OKDIARIO, las consecuencias en materia de Seguridad Nacional de la reciente oleada de inmigración ilegal que se ha producido en Ceuta están aún por determinar.

Desde hace días, los servicios de Inteligencia rastrean perfiles «de interés policial» entre los inmigrantes ilegales llegados en la avalancha.

Desde el pasado año se realiza una vigilancia mucho más específica sobre los irregulares llegados desde Marruecos, después de que el reino marroquí sacase de la cárcel a más de 5.500 presos.

Marruecos siempre garantizó el control sobre estos presos, aunque estuvieran en libertad, y de hecho volvió a encerrar a algunos, pero nadie ha podido confirmar qué ha sucedido con el resto. Lo que las fuerzas policiales españolas sí que han percibido ya es la presencia de ex soldados marroquíes con problemas con la Justicia en el pasado y que habían llegado en pateras a diferentes puntos del país.

Once terroristas

El Gobierno cifra en 11 los terroristas encarcelados que entraron en España «infiltrados» entre inmigrantes desde 2018. Así lo respondió recientemente el Ejecutivo, en concreto, a otra pregunta de Vox en el congreso de los Diputados.

«Cabe señalar que en la actualidad y desde 2018, han ingresado preventivamente en prisión un total de 11 detenidos por delito de terrorismo que carecían de documentación que les habilitara para estar en territorio Schengen», señala el Ejecutivo en su respuesta.

En otra respuesta, el Gobierno se remite al ámbito de las competencias del Ministerio del Interior para señalar de forma sucinta que «no existe ninguna obligación legal por parte de la Policía Nacional de tener conocimiento del paradero de los inmigrantes irregulares una vez que quedan en libertad y tras ser identificados».