El Gobierno propone a las comunidades prohibir los móviles en los centros educativos

El Gobierno ha propuesto este miércoles a las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Educación, la prohibición de los móviles a los alumnos en los centros educativos de Primaria y Secundaria en horario lectivo, según ha comunicado la ministra de Educación Pilar Alegría después de una reunión sectorial.

Durante la reunión, la ministra ha trasladado a las comunidades autónomas la necesidad de reunirse los primeros días de enero «para buscar una solución consensuada y adecuada por parte de todos para poder dar respuesta a esa preocupación que comparten las familias» respecto al uso de los teléfonos móviles sobre los que se recomienda su prohibición en los centros educativos en horario lectivo. «Nos vamos a ver, vamos a reflexionar y vamos a debatir, para intentar generar soluciones y respuestas», ha afirmado.

«Queremos sentarnos con las comunidades autónomas, posteriormente tendré una reunión con el Consejo Escolar e iremos con una propuesta. La mayoría de las comunidades autónomas ya tienen su hoja de ruta», ha añadido sobre la medida, que ya se ha anunciado en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Andalucía. Mientras, en otras comunidades, se deja a criterio de los centros educativos.

Galicia ya prohíbe el móvil en el recreo

En este sentido, hace días el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que la Xunta va a prohibir el uso de los móviles en el tiempo de ocio del alumnado en los centros educativos. En concreto, será en los recreos, en el comedor, en las entradas y salidas o las actividades extraescolares. El mandatario gallego defendió esta medida para «impulsar las relaciones interpersonales y mejorar la convivencia» en los colegios e institutos gallegos.

Rueda recordó que Galicia es hoy en día una de las únicas cuatro comunidades autónomas que no permite estos dispositivos en las aulas excepto si es con fines pedagógicos y bajo supervisión del profesorado, tal y como quedó recogido en 2015 en el decreto que desarrolla la Ley de convivencia y participación de la comunidad educativa.

Hasta el momento, es cada centro educativo el que, en el marco de su autonomía, decide se permitir o no estos dispositivos en los recreos y en otros períodos no lectivos. Pero, como explicó el presidente, la Xunta constató que actualmente «el 75% de los centros de secundaria ya prohíbe el uso de los móviles en el tiempo de ocio» que los estudiantes pasan en el instituto. Por lo tanto, apuntó que el Gobierno gallego lo que busca con esta decisión es «extender esta prohibición».

Reparto de 330 millones de euros

La Conferencia Sectorial de Educación se ha reunido este miércoles por primera vez en esta Legislatura para abordar cómo se resuelven los trámites para la incorporación de los alumnos en prácticas de Formación Profesional a la Seguridad Social y aprobar el reparto de 330 millones de euros a las comunidades autónomas, en una reunión presidida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

A partir del 1 de enero los alumnos en prácticas de Formación Profesional y los universitarios empezarán a cotizar a la seguridad social. Esta medida afectará a 1.100.00 estudiantes en prácticas de FP, que empezará a cotizar en 2024. El Gobierno cubrirá el primer año de cotización de los alumnos en prácticas.

Durante la reunión, el director de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto, ha asegurado que han mantenido hasta 172 reuniones con las comunidades autónomas para abordar la cotización de los estudiantes en prácticas.

Los fondos aprobados, cuya distribución recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 7 de noviembre, servirán para crear 76.479 nuevas plazas de Formación Profesional, por lo que las comunidades autónomas recibirán 143 millones de euros; así como 21.794 plazas públicas y gratuitas del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años), gracias a una inversión de 142,4 millones de euros.

El tercer acuerdo implica la transferencia de 1,6 millones de euros correspondientes al programa Código Escuela 4.0 para formar en programación, robótica y pensamiento computacional a 5,5 millones de alumnos y alumnas de centros públicos y concertados.