El Gobierno quiere renovar ya el Constitucional para controlarlo ante las querellas previstas por el Covid

El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para el aluvión de demandas y querellas que se prevén contra su nefasta gestión de la pandemia de coronavirus. Algunas de ellas, de hecho, ya están interpuestas. Ante esta perspectiva, al Ejecutivo le han entrado las prisas por renovar el Tribunal Constitucional, cuyo mandato, recordemos, está caducado al tener que renovar a cuatro de sus 12 magistrados. Recordemos también que es de mayoría conservadora, lo que genera enorme inquietud en Moncloa ante el irrebatible futuro judicial al que se enfrentará.

Así que este miércoles la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha instado a la oposición a negociar ya la renovación de miembros del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones desde diciembre de 2018 (el mandato del órgano de gobierno de los jueces es de cinco años)

Tales son las prisas del Gobierno que Calvo ha asegurado que es necesario hacerlo pese a la situación creada por la pandemia. «No hay excusas».

Calvo, que ha comparecido este miércoles ante la Comisión Constitucional del Senado, ha asegurado que la lucha contra el coronavirus centra el trabajo del Gobierno, pero ha asegurado que hay cuestiones que no se deben posponer pese a la situación.

El Gobierno y las Cortes Generales deben renovar en esta legislatura más de una decena de órganos institucionales cuyo mandato total o parcial ha caducado o caducará en los próximos meses. Entre esos órganos se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), el Defensor del Pueblo o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La vicepresidenta ha recordado que estas renovaciones requieren mayorías reforzadas en el Parlamento y deben afrontarse. «De no hacerlo pronto, estaremos incumpliendo nuestra propia Constitución. Les advierto que es una preocupación importante para le Gobierno, no hay excusa ni en esta circunstancia para no alcanzar acuerdos», ha dicho Carmen Calvo.

Poder judicial

En el caso del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional sus integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso, o lo que es lo mismo 210 diputados. El PSOE y Unidas Podemos sólo suman 155 escaños, a 55 de la mayoría cualificada que exigen estas renovaciones.

El mandato del órgano de gobierno de los jueces caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del ‘popular’ Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal «desde detrás».

Por otra parte, y dentro de la que se perfila como la estrategia de no perder el mando único para hacer frente a la pandemia, Calvo ha defendido también este miércoles en el Senado una reforma legislativa para que España esté pertrechada ante eventuales rebrotes de la pandemia de coronavirus en un futuro y pueda dar una respuesta sin tener que recurrir al instrumento del estado de alarma, el mecanismo por el que optó el Gobierno para restringir libertades fundamentales como la libertad de circulación y la de reunión por considerar que era el más «garantista» posible, al requerir la autorización del Congreso para prorrogarlo más allá de los 15 días iniciales previstos en la Constitución.

En una comparecencia ante la Comisión Constitucional de la Cámara Alta, ha avanzado que estos proyectos de reforma legislativa llegarán al Parlamento «muy rápido» porque la idea sería tenerlos preparados para el otoño próximo, cuando podría llegar algún rebrote.