El Gobierno plantea que los expertos para vigilar los «bulos» en campaña electoral sean anónimos

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 16/10/2022 06:48
  • Actualizado: 16/10/2022 10:00

A las incógnitas y polémica que siempre rodea el procedimiento de la lucha contra las fake news por parte de Moncloa, se añade ahora que el Gobierno plantea que la identidad de los miembros del llamado Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, uno de los órganos de más reciente creación en la estrategia contra la «desinformación», pueda permanecer oculta.

Así lo revela el Ejecutivo en una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, y en la que alega que «corresponderá a cada autoridad/organización proponente valorar la idoneidad de difundir, en su caso, datos del cargo, puesto de trabajo, organización de adscripción y/o datos personales de vocales y expertos, siempre bajo el más estricto respeto a las normas de protección de datos de carácter personal».

Este Foro, que Moncloa activó en junio, es un organismo multidisciplinar, formado por expertos y técnicos de distintos ministerios y también del sector privado que analizarán la «desinformación» que, según Moncloa, supone una «amenaza y riesgo para la Seguridad Nacional». Campañas que, alega el Ejecutivo, «buscan polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones y suponen, además, una grave amenaza para los procesos electorales». 

Polémica

El órgano se une al Procedimiento de actuación contra la desinformación que se aprobó en octubre de 2020 y que levantó fuertes suspicacias en los grupos de la oposición. Incluso las asociaciones de periodistas advirtieron de que esa vocación de control podría derivar en una censura encubierta a través de la «monitorización y vigilancia» de los medios, como abiertamente se admite entre sus objetivos.

El Gobierno alega que las campañas de «desinformación» pretenden «generar confusión y socavar la cohesión social» y tienen una «intención maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque». La vista está puesta especialmente en los actores extranjeros, tanto estatales como no estatales, que «desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones».

16 miembros

El Foro, presidido por el general Miguel Ángel Ballesteros -Director del Departamento de Seguridad Nacional- está integrado por seis personas en representación de la Administración General del Estado, empleadas y empleados públicos con nivel 28 o superior, y diez personas en representación de organismos de la sociedad civil procedentes del ámbito académico, del sector privado y de asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro.

En su pregunta, Vox se interesaba por los «criterios» para la designación de los miembros entre representantes de la Administración General del Estado, además de los procedentes de los organismos de la sociedad civil y expertos independientes.

El Gobierno señala que serán elegidos por las autoridades «entre su personal con conocimientos» en el ámbito de la «desinformación», y plantea que cada autoridad y organización «valore la idoneidad» de hacer pública su identidad.

Esta observación recuerda a la polémica durante la pandemia, cuando el Gobierno intentó ocultar la identidad de los encargados de decidir los cambios de las fases de la desescalada. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, alegó entonces las «presiones» que podrían sufrir estos supuestos «expertos» que, en realidad, resultaron ser los propios técnicos de su departamento. El Consejo de Transparencia obligó finalmente a Sanidad a revelar sus nombres, por considerar que no vulneraba el derecho a la protección de datos y, por contra, favorecía el control de la actividad pública por parte de los ciudadanos en «decisiones relevantes».