El Gobierno se niega a revelar datos sobre el rescate de Plus Ultra a Vox: «Es materia reservada»

Las sospechas sobre posibles irregularidades en el rescate de Plus Ultra, la aerolínea de capital venezolano y con vínculos con el chavismo a la que el Gobierno de Pedro Sánchez dio una ayuda pública de 53 millones de euros porque es «estratégica» para España, van en aumento. El Gobierno se ha negado a proporcionar a Vox datos sobre el expediente de la ayuda pública de la SEPI a Plus Ultra. «·Es materia reservada», aducen desde el Ejecutivo socialcomunista negando de nuevo cualquier halo de transparencia.

En una respuesta parlamentaria, el Gobierno socialcomunista se limita a proporcionar el enlace a la referencia del Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021 que difundió en su día Moncloa, pero subraya que «toda la información y documentación correspondiente a los expedientes tramitados y/o autorizados con cargo al Fondo de Solvencia está sujeta a condicionantes legales que impiden que pueda ser divulgada o facilitada a terceros».

Se remite al artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, en el que se habla de que los datos que maneja el consejo gestor de los fondos «tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos».

El Gobierno subraya que esa obligación de «guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas» afecta también a los asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas.

Eso sí, recuerda que «este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren», y que, a los tres meses de la operación de recapitalización de la empresa, el Estado hará pública información relevante, como la identidad de la empresa, los importes nominales de ayuda concedida y sus términos.

Razones fundadas

Además, y para asegurar la debida transparencia de la gestión de los recursos públicos, los beneficiarios deben dar a conocer en sus portales corporativos información sobre la utilización de la ayuda recibida en un plazo de doce meses desde la fecha de concesión de la ayuda y, posteriormente, de forma periódica cada doce meses, hasta el pleno reembolso de la ayuda.

A todo ello añade que la concesión de esta ayuda a Plus Ultra está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, «por lo que facilitar información a terceros al margen del procedimiento judicial en curso podría producir una situación de indefensión, lo que resulta contrario a la protección establecida en el artículo 24 de la Constitución Española».

«En conclusión, existen razones fundadas en derecho para no facilitar la información solicitada en esta iniciativa parlamentaria», remata el Ejecutivo.

Batería de preguntas

En sus preguntas, los diputados de Vox pedían, entre otras cuestiones, conocer qué miembros de la SEPI estuvieron presentas en la Junta General Extraordinaria de accionistas de Plus Ultra de junio o qué personas forma partes del equipo directivo de esa compañía tras la aportación realizada por el Estado.

Asimismo, y dada la participación del Estado en Plus Ultra, preguntaban al Ejecutivo por el importe neto de la cifra de negocios de la compañía del primer semestre de 2019, 2020 y 2021, por los flujos de efectivo que han salido desde el primer desembolso del Fondo de la SEPI y por los motivos que le han llevado a reducir el capital antes de recibir la segunda parte de asistencia financiera por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Los de Abascal también quieren que el Gobierno especifique los mecanismos que está desplegando para asegurar una situación de rentabilidad positiva y adecuada solvencia que permita al Estado recuperar los 53 millones de euros otorgados como apoyo financiero.