El Gobierno niega a la Fundación Franco «legitimación» para pedir que se suspenda la exhumación

La Abogacía del Estado ha trasladado al Tribunal Supremo su rechazo a la «legitimación» de la Fundación Francisco Franco para «pedir la suspensión» del acuerdo del Consejo de Ministros, del pasado 15 de marzo, que establece el procedimiento detallado para la exhumación de los restos del dictador, del Valle de los Caídos, y la fija para el próximo 10 de junio.

Según denuncia la Fundación, en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Abogacía manifestó este lunes al Supremo, en el día inmediatamente posterior a las elecciones generales, que la Fundación Nacional Francisco Franco «que ha sido parte interesada en todo el procedimiento administrativo referido a la exhumación» del dictador carece, ahora, «de legitimación activa» para instar la suspensión de una decisión que, propiamente, «no tiene siquiera contenido ejecutivo».

La Fundación advierte de que «en las próxima horas» se dará respuesta a dicho escrito de la Abogacía para excluirle de la causa.

«Los servicios jurídicos de la Fundación están prestos para actuar contra cualquier pretensión del Gobierno de llevar a cabo la ilegal exhumación acordada por el Consejo de Ministros, toda vez que la misma está actualmente sometida a enjuiciamiento cautelar ante el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de la Nación ante el que ni el propio gobierno es inmune del control de la legalidad de sus actos», de conformidad con la Constitución, señalan.

Desde la Fundación advierten, además, que llevar a cabo la exhumación de Franco «antes de que el Poder Judicial se haya pronunciado» sobre el fondo del asunto, sería, entre otros, constitutivo de «un delito de prevaricación, que esta Fundación no toleraría y para lo que nuestros servicios jurídicos presentarían las correspondientes acciones procesales».

Contra las cautelares

Según ha podido saber OKDIARIO, la Abogacía del Estado se opone, también, a la ampliación de medidas cautelares solicitada por la familia del dictador Francisco Franco, con vistas a evitar que ello retrase la exhumación del Valle de los Caídos, prevista para el próximo 10 de junio.

A mediados de abril, los Franco, al igual que la Fundación, presentaron sendas peticiones ante el Tribunal Supremo para la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros, del pasado 15 de marzo, por el que se fijan las condiciones sobre la exhumación. Entre ellas, que tendrá lugar el próximo 10 de junio a las 10 de la mañana.

En su solicitud, la familia apelaba al daño que originaría un eventual traslado de los restos antes de que el Supremo sentenciase sobre el fondo del asunto. Esto es, el perjuicio en caso de que el alto tribunal acabase determinando que el cadáver del dictador tiene que reposar en el Valle de los Caídos, una vez consumada la exhumación.

En el escrito, la familia acusaba además al Gobierno de Pedro Sánchez de «mentir» al afirmar que habían renunciado a señalar un lugar alternativo a la cripta de La Almudena para la inhumación.

La Abogacía del Estado estima que «no es procedente ampliar las medidas cautelares en tanto en cuanto no se resuelva sobre la ampliación del objeto» del recurso y rechaza la suspensión del acuerdo del Ejecutivo socialista.

A la espera

Argumenta, entre otros, que dicho acuerdo «es continuador del procedimiento administrativo legalmente establecido» por la ley de Memoria Histórica y en consecuencia «no tiene efectos ejecutivos». Además, considera que «tampoco se vulnera el derecho a la tutela cautelar» porque la fecha prevista para la exhumación, el 10  de julio «queda a resultas de las resoluciones judiciales que puedan adoptarse» antes de ese día.

La familia alegaba además que ese acuerdo «no es declarativo» ya que se «señalan fecha y condiciones para su cumplimiento» y «que no es cierto que no hayan designado lugar para la inhumación de los restos mortales de Francisco Franco».

Del prior o del juez

Sostiene la Abogacía que el acuerdo del Consejo de Ministros, pese a que determina de forma clara el procedimiento para la exhumación -que se hará con presencia de la ministra de Justicia, sin medios, y ofreciendo a los familiares la posibilidad de realizar una ceremonia privada- «dista mucho de ser ejecutable». «Por el contrario, su cumplimiento depende de que concurran varias condiciones, entre ellas, obtener la autorización eclesiástica necesaria y, en su defecto, la correspondiente autorización judicial; y que la fecha señalada del 10 de junio a las 10.’00 no se vea modificada a la vista de las resoluciones judiciales que puedan dictarse al efecto».

Además, añade que «no consta» que los familiares «haya designado otro lugar alternativo a la cripta de la Catedral de la Almudena» -opción en la que siempre se ha mantenido la familia Franco- y que se considera, añade, un «lugar no apropiado», en base al informe realizado ex profeso por Delegación del Gobierno en Madrid.

Sin sentencia

El Gobierno sostiene además que «no es necesario esperar a la sentencia definitiva» del Supremo, ya que bastaría con la adopción, o no, de las medidas cautelares. Finalmente, recuerda que el procedimiento de la exhumación debe «salvaguardar los derechos de los recurrentes y el respeto a los derechos del finado». Por todo ello, deniega la suspensión del acuerdo de 15 de marzo.

El Gobierno socialista finalizó a mediados de marzo pasado el expediente administrativo para la exhumación, pendiente, en cualquier caso, de la decisión del Supremo sobre las medidas cautelares. Cuestión sobre la que el Alto Tribunal evitó pronunciarse durante la reciente campaña electoral.

Por su parte y en paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia la recusación sobre el juez Yusty Basterreche, quien paralizó la autorización urbanística para los trabajos de exhumación, dictada en función de un informe técnico emitido por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, sobre la Basílica del Valle de los Caídos.