El Gobierno lleva cuatro meses dando largas a los mossos que reclaman la ‘pasarela’ a la Policía

Interior asegura que trabaja en la normativa que permitirá la llamada 'pasarela'

Unos 500 agentes solicitan pasarse a la Policía por la tensión que se vive en Cataluña

Mossos
Mossos bloquean protestas separatistas en Barcelona (Foto:Twitter)
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno no ha concretado aún la cita que le reclaman los agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra que desean pasarse a la Policía (lo que se conoce como ‘pasarela’). Según fuentes de la policía catalana, los intentos para esa reunión -solicitada a la delegada de Gobierno, Teresa Cunillera, desde su toma de posesión el pasado mes de junio- no han tenido por ahora respuesta. En abril, los mossos se dirigieron por escrito al PSC, también sin contestación.

Serían, según fuentes de las asociaciones que encabezan la demanda, unos 500 agentes autonómicos los interesados en pasarse a la Policía. La situación en la Comunidad sigue siendo de total incertidumbre, y, un año después del referéndum ilegal, los mossos constitucionalistas sufren las consecuencias de defender la legalidad con expedientes de la consellería de Interior, sanciones y ninguneo por parte de sus superiores.

La citada ‘pasarela’ figura en las leyes de personal de la Guardia Civil y de la Policía Nacional aprobadas en 2015, si bien la normativa no cuenta con un reglamento de desarrollo. Sendas normas contemplan que agentes de las fuerzas de seguridad autonómicas —Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y policías canaria y navarra— puedan ingresar en los otros dos cuerpos en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia y siempre que posean la titulación requerida. La demanda alcanzó su punto álgido con el órdago independentista en Cataluña.

El Gobierno dice que trabaja en la ‘pasarela’

No obstante, Interior sí parece trabajar en el proyecto que el anterior ministro, Juan Ignacio Zoido, inició tras el 1-O para poner en marcha el trasvase.

Al menos, así consta en la respuesta del Gobierno a una pregunta por escrito en el Congreso del diputado de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez. En ella, el Ejecutivo asegura que los trabajos para elaborar ese reglamento son «prioritarios» para el departamento.

La ‘pasarela’, según el Gobierno, será posible hacia la Policía. Pero no, o al menos por ahora, para la Guardia Civil. La razón, según la misma respuesta, es que la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil, de 2014, y el Real Decreto de 2002 de Ingreso en los Centros Docentes de Formación del Cuerpo de la Guardia Civil no contemplan que los agentes autonómicos o locales puedan ingresar en el instituto armado.

Tensión en las calles

La situación en Cataluña no da tregua a la Policía autonómica, que hace una semana protagonizó la segunda manifestación más grande en su historia para reclamar la dimisión de conseller de Interior, Miquel Buch, por los altercados del pasado 1 de octubre, cuando el president Torra pidió a los radicales que «apretasen» en la calle. Aquellos enfrentamientos se saldaron con una veintena de agentes heridos, después de que cientos de independentistas rompiesen el cordón policial y accediesen al Parlamento catalán.  Días antes, otra protesta -convocada por el sindicato policial Jusapol- se cerró también con incidentes y cargas entre los Mossos y los secesionistas radicales.

Este martes, el pleno del Parlament rechazó reprobar a Buch, como así reclamaba la CUP en una propuesta de resolución ‘Por el derecho a la protesta y a la disidencia política’, donde pedía al Parlament defender estos principios y condenar «la violencia policial y las cargas absolutamente desproporcionadas» en aquellas fechas.

El texto quería reprobar al conseller de Interior «como último responsable de esas cargas», en una propuesta que fue rechazada con los votos en contra de JxCat, ERC, Cs, PSC y PP, y apoyada por los ‘comunes’ y la CUP.

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