El Gobierno a los independentistas: es una «indignidad intelectual» decir que España no es una democracia

El Gobierno considera una «indignidad intelectual» las manifestaciones vertidas en el entorno del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y en ámbitos independentistas que hablan de inexistencia de democracia o de que España no es un estado de Derecho en relación con la causa abierta en el Tribunal Supremo por el denominado ‘procés’ y en especial por las prisiones preventivas acordadas para varios de los investigados.

Así lo han manifestado fuentes del Ejecutivo que valoran muy positivamente la decisión dada a conocer este martes por la Fiscalía del land alemán de Schleswig-Holstein de apoyar la entrega de Puigdemont a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos que son los que le reclama el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Llarena.

Las mismas fuentes consideran que la decisión del Ministerio Público aleman –país en el que el expresident fue detenido el pasado 25 de marzo en una gasolinera alemana– es una manifestación del buen camino que deben llevar este tipo de procedimientos de entrega como fruto de la colaboración judicial con otro países en el marco de una justicia europea del siglo XXI.

Sobre la actuación que la detención de Puigdemont ha supuesto en la actividad de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), el Gobierno las considera «fruto de la desesperación» de un grupo de radicales frente a la actuación de la democracia. Por ello confía en que las fuerzas de seguridad del Estado y la Fiscalía actúen con toda firmeza frente a sus actuaciones.

Recurso al TC contra Torrent

Por otra parte, los Servicios Jurídicos del Estado aún no han descartado que pueda impugnarse ante el Tribunal Constitucional (TC) el acuerdo de la Mesa del Parlament de Cataluña que este martes sacó adelante una resolución dirigida a aceptar la delegación de voto del expresidente Puigdemont.

De momento se estudia el informe contrario de los letrados de la Cámara y la propia resolución para ver si existen argumentos jurídicos que permitan sostener que tal decisión contraviene los requisitos fijados por el propio TC con ocasión de la convocatoria de un Pleno en el Parlament para investir a Puigdemont el pasado mes de enero. No obstante, el asunto es «complejo» y la posibilidad de impugnación aún está en estudio, según las mismas fuentes gubernamentales.