El Gobierno dice que su ley que margina el español «prepara a los escolares para vivir en sociedad»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 12/12/2021 19:30
  • Actualizado: 12/12/2021 19:42

El Gobierno ha evitado defender a la familia acosada en Canet de Mar (Barcelona) después de que los tribunales reconociesen el derecho de su hijo, de cinco años, a recibir el 25% de las horas de clase en español. Recientemente, el Tribunal Supremo rechazó también el recurso presentado por la Generalitat contra la sentencia que obliga a los centros a garantizar la enseñanza en castellano.

Sin embargo, el Ejecutivo se pone de perfil y evita proteger el español en Cataluña. La Ley de Educación, conocida como Ley Celaá, ya alimentó las ambiciones del separatismo al marginar la lengua oficial eliminando su consideración de vehicular. Ahora, en una reciente respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno defiende que esa ley, que permite la imposición del catalán a los alumnos castellanoparlantes, «prepara» a los escolares «para vivir en sociedad».

Así responde el Gobierno a una pregunta por escrito de Vox acerca de las dificultades que se encuentran los policías y guardias civiles destinados en territorios con cooficialidad lingüística para escolarizar a sus hijos en español. La denuncia corrió a cargo de la asociación Hablamos Español, que presentó una instancia dirigida a los Ministerios del Interior y Educación en la que denunciaba que «en el caso de Barcelona, la falta de oferta educativa es tal que sólo existen tres colegios concertados que incluyan las clases en castellano». Entre las consecuencias, la asociación destacaba «la minusvaloración de la lengua de la familia en la escuela» y los «problemas económicos» de las familias «que no pueden correr con los gastos de la educación concertada, la única donde se facilita esta educación».

En este contexto, Vox se dirigió al Gobierno para preguntar por las medidas que pensaba adoptar «para asegurar el derecho de escolarización en castellano de los hijos de los agentes».

En la respuesta, el Ejecutivo defiende que, con su polémica ley, «cualquier régimen de cooficialidad lingüística debe garantizar que todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente».

Sin embargo, la realidad es bien contraria. La norma delega en las comunidades autónomas la posibilidad de «controlar» qué lengua se impone y señala que los centros podrán «impulsar las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas», lo que abre la puerta a marginar el español.

En su respuesta, el Ejecutivo prosigue defendiendo que «las leyes deben garantizar, ante todo, el beneficio de los escolares de manera que se preparen para vivir en sociedad y puedan adquirir las competencias que van a necesitar a lo largo de su vida, más allá de lo que deseen, elijan u opinen terceras personas».

Desprecio al Supremo

Además, el Gobierno desprecia las sentencias del Tribunal Supremo sobre el 25% de las horas en español afirmando que «la constitucionalidad del régimen lingüístico en los territorios con lengua cooficial dependerá de una valoración flexible que determine que ambas lenguas, el castellano y la lengua cooficial, tienen presencia y que con ello el alumnado alcance el dominio pleno y equivalente en ambas lenguas».

Mientras, la familia de Canet de Mar que está siendo linchada por el independentismo catalán por pedir clases en castellano para su hijo ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) protección para preservar la «intimidad y seguridad » de su hijo y del resto del núcleo familiar.

Específicamente, la familia de Canet de Mar solicita que se preste especial atención a los grupos de WhatsApp que han creado padres del mismo colegio al que va su hijo donde se están produciendo «graves amenazas». En ese grupo se habría pedido, según han denunciado ante el juez, que se identifique al niño y que sea expulsado del centro.