El Gobierno deniega el acceso al informe en el que justifica la inhumación de Franco en El Pardo

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 24/08/2019 06:49
  • Actualizado: 24/08/2019 18:29

El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado una petición, a través del Portal de Transparencia, en la que se solicitaba el informe de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid en el que se basa su decisión de inhumar a Francisco Franco en el cementerio de El Pardo (Madrid).

En la resolución, firmada desde la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial, se esgrimen cuestiones de «seguridad pública» para rechazar la solicitud. También se alude a que se trata de un asunto sometido a proceso judicial, en referencia al Tribunal Supremo, que habrá de decidir próximamente sobre la exhumación del dictador.

«Esta Secretaría General considera que la difusión a terceros no interesados en el procedimiento de documentación que recoge argumentos que habrán de sustentar la defensa de las partes en el proceso judicial se ve afectada por el límite» de acceso a la información pública, se señala desde el Ejecutivo. Se añade que el informe recoge «información sensible que puede contener elementos, análisis y conclusiones jurídicas que forman parte de procesos judiciales en curso, y que, de hacerse públicos, podrían lesionar los principios de igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva, así como afectar a la imparcialidad en el proceso».

El segundo argumento señala un «perjuicio para la seguridad pública». El documento fue elaborado por la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y en él «se analizan las condiciones de seguridad de la unidad de enterramiento situada en la cripta de la capilla del Cementerio Municipal de El PardoMingorrubio, realizando para ello un análisis del emplazamiento y las posibles consecuencias, desde el punto de vista de la seguridad pública».

El Ministerio de Luis Planas estima que «el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad ciudadana que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid lleva a cabo al emitir las valoraciones expresadas en la información para la que se solicita el acceso, se verían perjudicadas de manera clara en caso de que este tipo de informes fueran difundidos».

El informe en cuestión sostiene la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de enterrar a Franco en El Pardo, como emplazamiento que sustituye a la catedral de La Almudena, lugar siempre reclamado por la familia.

En dicho informe se sostiene, por ejemplo, que el cementerio de El Pardo no presenta problemas de seguridad porque «hasta la fecha» no se han planteado.

En dicho cementerio, sostiene, «en la actualidad y desde hace años, se encuentran inhumadas varias personas con relevancia política durante la época franquista, así como la que fue esposa de Francisco Franco, Carmen Polo Martínez».

«La experiencia dice que, durante todos estos años, las visitas a los lugares de enterramiento de estas personas se han venido desarrollando con las condiciones de privacidad y de seguridad deseables, habiendo transcurrido las mismas con total normalidad», señala la delegación.

En El Pardo están enterrados, además de la mencionada Carmen Polo, históricos dirigentes, como los ex presidentes Carrero Blanco y Arias Navarro, o los ex ministros Nemesio Fernández Cuesta Illana, Pablo Martín Alonso, Demetrio Carceller Segura, Pedro Nieto Antúnez o Félix Álvarez-Arenas Pacheco.

Sin embargo, nada comparable con la trascendencia, histórica, social y política, del dictador Franco. De ahí que la deducción de que no se producirán altercados porque hasta ahora no se hayan producido resulta, cuanto menos, llamativa.

Pese a ello, el informe que maneja el Gobierno sostiene que «se puede afirmar que el emplazamiento analizado, a pesar de contar con enterramientos de personas del régimen franquista, las visitas, incluidas las de contenido político, han sido muy pocas y no han planteado hasta la fecha problemas de seguridad». 

Pocas visitas

El documento prosigue avalando la elección en lo ocurrido hasta el momento, señalando que en dicho emplazamiento «no hay un volumen importante de visitas». Ello, a excepción del día 1 de noviembre «en el que la afluencia parece que es especialmente significativa -describe- debido a que, según la información que se ha podido recabar, hay enterradas muchas personas que no han vivido en El Pardo y Mingorrubio y que son visitadas por sus familiares ese día, a diferencia de lo que ocurre el resto del año».

El Ejecutivo de Sánchez considera también que la «ubicación geográfica» del cementerio permite que «no se aprecien» problemas de movilidad, seguridad ciudadana, orden público y «afectación de los derechos fundamentales que fueron puestos de manifiesto con ocasión de una posible inhumación de los restos de Francisco Franco en la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid».

En el caso de El Pardo, sostiene el Gobierno, «no se trata de una ubicación en el centro de la capital, lo que permite prever un volumen asumible de visitantes en términos de movilidad y seguridad, que facilitarán, a corto-medio plazo, absorber con normalidad las visitas a la sepultura, sin presencia de turistas, habitual, sin embargo, en los edificios relevantes del centro de Madrid». También sostiene que la adopción de medidas antiterroristas, «cuyo reforzamiento parecía necesario en el caso de la catedral de La Almudena por su ubicación cercana a edificios, centros o instalaciones emblemáticas de la ciudad y por ser un lugar de especial concentración y afluencia de ciudadanos», aquí no serían necesarias, al menos «no en aquella dimensión y alcance».

Es por ello, que el Ejecutivo concluye que «el riesgo de que se produzcan episodios de conflictividad social y política, así como desórdenes públicos, sea mucho menor». 

El Ejecutivo cree también que es mínimo el riesgo de que el cementerio «se convierta en un símbolo de la sublevación militar, la Guerra Civil y la supresión de la dictadura», respetando así la ley de Memoria Histórica, que prohibe la exaltación del franquismo.