El Gobierno ha concedido 70 títulos nobiliarios pero sigue bloqueando la sucesión del ducado de Franco

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 05/05/2019 06:48
  • Actualizado: 05/05/2019 10:38

La transmisión del ducado de Franco sigue sin ser efectiva, más de ocho meses después. A pesar de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el pasado julio dicha sucesión, firmada por el ex ministro de Justicia, Rafael Catalá, la actual titular Dolores Delgado, sigue sin desbloquear el último trámite: remitir a Zarzuela la ‘real carta de sucesión’, para que el rey Felipe VI la firme. Sólo así dicha transmisión será efectiva.

«De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Franco, con Grandeza de España, a favor de doña María del Carmen Martínez-Bordiú Franco, por fallecimiento de su madre, doña Carmen Franco Polo», decía, en concreto, la resolución firmada por Catalá y que se publicó el 12 de julio, un mes y medio después de que Sánchez llegase a La Moncloa.

Sin embargo, Delgado sigue sin facilitar el trámite final. Ello, pese a que la actual titular de Justicia ha concedido,

El programa electoral del PSOE para las generales recoge, explícitamente, su intención de acabar con dicho título y otros nombramientos de la dictadura.

La medida consta así: «Reformar la legislación sobre títulos nobiliarios con el fin de suprimir aquellos títulos que representen la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura».

Sin embargo, ese discurso contrasta con las dudas del propio Ejecutivo sobre cómo llevarlo a cabo.

Como informó OKDIARIO, el Gobierno socialista admitía, en una pregunta parlamentaria, que el título está amparado por la Constitución y que no es revocable.

El mismo día en que la sucesión del ducado de Franco se publicaba en el BOE, el Ejecutivo de Sánchez anunció que  estudiaría la normativa vigente sobre títulos nobiliarios para ver las posibilidades de suprimir el ducado, un título nobiliario, con grandeza de España, que fue creado en 1975 por el rey Juan Carlos I y otorgado a la hija del dictador, Carmen Franco como “muestra de aprecio” y “en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren”.

La intención del Ministerio de Justicia era modificar la normativa vigente a través de la Ley de Memoria Histórica como vía para suprimir el Ducado de Franco.

“Si no, no se puede retirar el título. La intención del Gobierno es estudiarlo porque todo lo que se refiere a memoria histórica se va a estudiar con mucha seriedad”, destacó entonces su titular, Dolores Delgado. 

En la respuesta en cuestión, el Ejecutivo admite que la normativa reguladora de la materia nobiliaria tiene respaldo en las disposiciones constitucionales“, en concreto en el artículo 62.f de la Constitución y otros decretos que lo desarrollan. Además, evita hacer mención alguna a las acciones emprendidas para la retirada o supresión del título y admite en su lugar que “el régimen de revocación no se contempla en la regulación de los procedimientos de títulos nobiliarios que, como tales, tienen vocación de permanencia en el tiempo a través de las sucesivas relaciones posesorias que se produzcan en cumplimiento del Decreto concesional”. Añade, además, que “los criterios ordinarios que informan la sucesión en los títulos nobiliarios de carácter perpetuo, comprendido el Ducado de Franco, son los de parentesco con el causante, sin distinción entre hombres y mujeres”.

Tras su concesión, desde el PSOE cuestionaron su existencia, que calificaron de “lamentable vestigio del pasado”. Los socialistas esgrimían, para su retirada, la Ley de Memoria Histórica, que obliga a la eliminación de símbolos que supongan una exaltación de la guerra o la dictadura.

En concreto, el artículo 15 de la ley determina que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Sin embargo, aclara también que “lo previsto no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados”.