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Política

El Gobierno bloquea desde hace un año que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad

Para los funcionarios de prisiones, "vende humo, porque no ha demostrado interés alguno"

Desde que Gobierna Sánchez, las agresiones a los funcionarios de prisiones han aumentado un 126%

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene bloqueada desde hace más de un año su propia iniciativa para que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad. El colectivo penitenciario está indignado con el PSOE, pues no da crédito a semejante actuación. Los funcionarios de prisiones consideran que esta Proposición de Ley Orgánica «fue sólo un paripé del PSOE para quedar bien de cara a la galería, ya que él mismo se pone palos en las ruedas para evitar sacarla adelante» y que el Estado indemnice las agresiones que sufren en caso de que los autores sean insolventes.

El PSOE presentó esta proposición de ley en el Congreso de los Diputados en abril de 2024. La iniciativa modifica el artículo 80 de la Ley Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. El Congreso aprobó su toma en consideración con 300 votos a favor: 134 del PP, 119 del PSOE, 33 de Vox, siete de Junts, cuatro del PNV y tres del grupo parlamentario mixto.

En cambio, votaron en contra 14 diputados del Grupo Parlamentario Republicano, seis de EH Bildu y uno del Grupo Parlamentario Mixto, mientras que se abstuvieron 25 diputados de Sumar y cuatro del Grupo Mixto. Por otra parte, no votaron tres diputados del PP, dos de Sumar, uno del PSOE y otro del PNV. El socialista que no votó fue Pedro Sánchez y la diputada de Sumar Yolanda Díaz. 

Tras finalizar el plazo de enmiendas, el 26 de septiembre pasó a la Comisión de Interior, que tiene que elevar un informe técnico, y ahí sigue parada un año y casi cuatro meses y días después. En total, 449 días.

Mientras tanto, esta es la cruda realidad que sufren en sus carnes estos empleados públicos encargados de la custodia, seguridad y rehabilitación de los reclusos: 223 agresiones a manos de internos en 2018, 223 en 2019, 175 en 2020, 160 en 2021, 453 en 2022, 508 en 2023 y 504 en 2024. Así se desprende de los propios datos que se ha visto obligado el Gobierno a hacer públicos, a raíz de preguntas parlamentarias. Por tanto, desde que Gobierna Sánchez, las agresiones a los funcionarios de prisiones han aumentado un 126%.

Humo del PSOE

«Este despropósito es hiriente. Por un lado, nos venden un interés político en esta reivindicación histórica del colectivo y por otro, es el mismo Gobierno el que la veta y dilata sine die», declara indignado a OKDIARIO Gonzalo Arboledas, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), afirmando que al colectivo ya le ha quedado claro que «todo ha sido humo del PSOE: artificio y nulo interés». 

«La presentó simplemente para quedar bien», critica Tony Núñez, portavoz de esta asociación que desde su fundación, en febrero de 2005, viene reclamando este reconocimiento y para ello ha mantenido diversas reuniones con los grupos parlamentarios en las diferentes legislaturas.

Agresiones impunes

Actualmente, están tramitándose tres proposiciones de ley para el reconocimiento de agentes de la autoridad a los trabajadores penitenciarios. Dos propuestas por el PP, una en el Senado, de abril de 2024, donde tiene mayoría absoluta, y otra en el Congreso, de noviembre de 2024, las cuales se encuentran en fase de enmiendas. Y la tercera, del PSOE, pendiente de un informe en la Comisión de Interior. En su día también registraron iniciativas similares Vox y Ciudadanos.

Una vez que se desbloquease alguna de ellas, el recorrido jurídico suele ir rápido: aprobación en el Congreso, luego pasaría al Senado para su votación y después vuelta al Congreso para su aprobación definitiva.

Para la APFP, es «desalentador» que actualmente dichas iniciativas sigan en un cajón, cuando los funcionarios de prisiones «necesitan con urgencia» este reconocimiento de agentes de la autoridad. «Hasta que no se apruebe este reconocimiento, muchas agresiones quedan impunes cuando los internos son insolventes, como ocurre en la mayoría de los casos», precisa Gonzalo Arboledas.

En este sentido, recuerda el caso de la trabajadora penitenciaria Nuria López, quien ejerciendo su trabajo como cocinera en el Centro Penitenciario de Mas d’Enric (Tarragona), el 13 de marzo de 2024 fue asesinada por un preso con un cuchillo de cocina.

A raíz de este suceso, que supuso la primera víctima mortal en una prisión a manos de un interno, quien estaba condenado por homicidio a una prostituta, los profesionales penitenciarios llevaron a cabo numerosas concentraciones y protestas por todo el país solicitando su reconocimiento como agentes de la autoridad y otras medidas como formación y prevención para paliar las agresiones. Fue tras este revuelo cuando el PSOE presentó su iniciativa.

La APFP reclama al Ejecutivo que cumpla su palabra y termine de una vez con esta «dilación interminable». «En su día presentó esta proposición de ley y el hecho de que no la saque adelante es incoherente», critica el presidente de esta asociación, recordando que la Comisión de Interior está presidida por una diputada del PSOE, María del Carmen Castilla Álvarez, y su vicepresidenta primera también es socialista, María Araceli Poblador Pacheco.

La iniciativa, al detalle

La proposición de ley del PSOE modifica los apartados dos y tres del artículo 80 de la Ley Penitenciaria y añade dos nuevos, números cinco y seis. En concreto, el apartado dos recogería que «los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de Instituciones Penitenciarias tendrán la condición de funcionarios públicos, con los derechos, deberes e incompatibilidades regulados por la legislación general de funcionarios civiles de la Administración del Estado».

Añade que «en el ejercicio de sus funciones se atenderá al principio de imparcialidad, de conformidad con las normas constitucionales y el vigente texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, teniendo a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad y pudiendo identificar tal condición por su número de registro profesional, en procesos administrativos y judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional».

Asimismo, indica que «en los procedimientos disciplinarios sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta Ley, los informes emitidos por los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de Instituciones Penitenciarias en el ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles».

Por otra parte, en el punto tres indica que «la selección y la promoción profesional de los funcionarios penitenciarios se ajustarán a los mismos procedimientos establecidos en el Estatuto de la Función Pública y normas que lo desarrollen».

El punto quinto recoge que «en los procedimientos penales seguidos contra funcionarios penitenciarios se garantizará su separación del resto de los detenidos, en caso de detención, y en el supuesto de ser ingresados en prisión y en los traslados bajo custodia, se realizarán con separación de otros reclusos; con el fin de salvaguardar su integridad física».

Por último, el punto seis precisaría que «la Administración deberá resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios cuando sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia graves, en los términos que reglamentariamente se establezcan».