El Tribunal de Cuentas denuncia que el Gobierno adjudicó la mayoría de los contratos Covid ‘a dedo’

Los resultados de las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas arrojan resultados demoledores para el Gobierno de Pedro Sánchez, porque la mayoría de los contratos de emergencia adjudicados durante los estados de alarma decretados por el coronavirus se otorgaron tras consultar sólo a una empresa y sin antes comprobar datos tan sensibles como, por ejemplo, su solvencia económica.

Según desvela el supremo órgano fiscalizador de las cuentas públicas en España, en los casos analizados ni se comprobó la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, ni  tampoco su solvencia económica, financiera y técnica. Ni si quiera se constató que las prestaciones objeto del correspondiente contrato formaban parte del objeto social del contratista. Es decir, las autoridades responsables no se cercioraron de que la empresa que estaban contratando para un determinado servicio lo prestara realmente.

Aunque los detalles concretos sobre esta fiscalización se conocerán en los próximos días, en anteriores investigaciones se desveló que, resultado de esta absoluta falta de controles, se llegaron a realizar pedidos a empresas completamente ajenas al objeto del contrato. En los últimos meses se han hecho públicos casos como el de una empresa de fabricación de yeso a la que se encargó el suministro de respiradores.

Como ya desveló OKDIARIO, a través de contratos de emergencia, el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, compró batas a China a un precio 66 veces superior al que ofertaban empresas nacionales, mascarillas veinte veces más caras que el precio de mercado habitual o test PCR sin la sensibilidad suficiente como para detectar la enfermedad y que, por lo tanto, tuvieron que ser desechados.

Agencia Tributaria, RTVE, ICO…

En esta ocasión, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado los contratos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, Corporación RTVE, Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Imprenta de Billetes, Instituto de Crédito Oficial, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional del Prado y el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid.

Aunque el informe, en el que se analizan 134 contratos por un importe aproximado de 11 millones de euros, concluye que los organismos actuaron dentro del marco legal que les amparaba para realizar contratos de emergencia, en un número significativo de casos no se realizaron las comprobaciones pertinentes. Asimismo, el Tribunal de Cuentas sostiene que las entidades debieron cerciorarse de estos extremos «salvo que tales comprobaciones fueran incompatibles con la urgencia que se quisiera atender en cada contrato; incompatibilidad que, en su caso, debería quedar acreditada».

Además, señala el órgano fiscalizador, en muchos de los contratos fiscalizados no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa, lo que, «habría constituido una buena práctica, adecuando la tramitación excepcional de emergencia a los principios de libre competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa».

Este informe se enmarca dentro de un programa de control más amplio que sigue su curso y tramitación. De hecho, esta no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas advierte que la contratación de emergencia debía restringirse a «aquellos supuestos en que, por la imprevisibilidad de la necesidad a satisfacer, no se hubieran podido, mediante una adecuada planificación, utilizar otros procedimientos menos restrictivos de la concurrencia».

Y es que desde que se decretara el primer estado de alarma en marzo de 2020, la de emergencia se convirtió en la vía favorita para la adjudicación de contratos, incluso si estos versaban sobre asuntos cuya urgencia estaba lejos de ser excepcional. La crisis sanitaria se ha convertido así en la excusa perfecta de las administraciones para invocar una figura reservada a casos extraordinarios, lo que se ha traducido en derroche para las arcas públicas.