La Generalitat quiere que el peso del referéndum lo lleven voluntarios para evitar problemas legales

La Generalitat planteó a sus socios que el peso del referéndum lo lleven voluntarios para evitar problemas legales como responsables públicos. Se trata de una idea que los máximos representantes del gobierno catalán han puesto sobre la mesa en las reuniones discretas que llevan manteniendo desde hace meses junto a la CUP y representantes de las entidades soberanistas para abordar la estrategia a seguir del referéndum.

Según ha podido saber OKDIARIO, la idea se mantuvo en la última reunión que tuvieron la semana pasada e, incluso, algunos de los asistentes propusieron hacer mayor hincapié en actos participativos para «involucrar a toda la ciudadanía» que comenzarán a intensificarse a partir de la semana que viene.

La idea principal que se abordó en la reunión es que «tiene que haber más participación popular» y para ello tienen que hacer suya la consulta. Será entonces cuando la participación será masiva. Para todo ello, los asistentes a este cónclave independentista hablaron de seguir manteniendo la unidad para mostrar «determinación ante el proceso, la puesta de urnas y no echarse atrás y (esta vez sí) aplicar el resultado». Asunto que encaja a la perfección con movilizar a la ciudadanía para no terminar con penas de cárcel por prevaricación y desobediencia o inhabilitados como le ha sucedido al ex portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs.

Apadrina una urna

Es aquí donde encaja la elocuente propuesta de la Generalitat y que desveló la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, para crear una bolsa de parados que asuman trabajos de organización el día del referéndum. Las mismas fuentes revelan que también se puso encima de la mesa una idea complementaria que ya se empleó para la anterior consulta (9N): iniciar de nuevo la campaña «apadrina una urna».

La asociación independentista ‘Reagrupament’ inició una campaña de recogida de fondos (en la plataforma de micromecenazgo Verkami) en enero de 2013 para que fuera «el pueblo de Cataluña quien compre las urnas y las entregue a la Generalitat», según expresaron en el comunicado. También señalaron que si la cantidad de dinero aportaba superaba el coste de las urnas se «destinaría para otras necesidades dirigidas a satisfacer la consulta».

Hasta el momento, la Generalitat solamente ha sacado a concurso un contrato de suministro de material electoral para unas elecciones al Parlamento catalán. Según publicó OKDIARIO, el anuncio de licitación se publicó en el Diario Oficial de la UE (DOUE) y en el portal de contratación del Estado. El texto indica que se seleccionará a empresas para suministrar material dividido en cuatro lotes: sobres electorales, papeletas, manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales e impresos electorales.

El presupuesto de licitación que fija la Generalitat es de 641.086,17 euros (sin IVA), el valor estimado del contrato es de 897.520,65 euros (sin IVA) y la duración del contrato es de cuatro años. El plazo de presentación de ofertas acaba el 3 de mayo.

Semanas de tensión

Semanas atrás la tensión entre los líderes soberanistas se palpó en el ambiente cuando la consejera de Gobernación, Meritxell Borrás, se negó a comprar 8.000 urnas, a menos que tuviese una orden por escrito del vicepresidente Junqueras como responsable logístico del referéndum. El riesgo de inhabilitación agudizó las tensiones entre los de ERC y los convergentes acusándose mutuamente de ser los filtradores del ‘encontronazo’ a la prensa.

Según las fuentes consultadas, los servicios jurídicos de la consejería de Borrás advirtieron con un informe que la compra de urnas no se puede cobijar bajo la racionalización de gasto, como querían, porque las urnas para la celebración de elecciones legales en Cataluña las proporciona el Estado.

A este varapalo se sumó el comunicado de la embajada de Estados Unidos dando la razón al Gobierno de Mariano Rajoy. La misiva ha sido demoledora para los líderes independentistas y ha hecho trizas la prioridad que acordaron para asegurar el triunfo del proceso: «internacionalizarlo».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso cortar por lo sano tras la visita de dos congresistas que apoyaron a Puigdemont y envió una misiva considerando que Cataluña es «un asunto interno» español y está «profundamente comprometido a mantener la relación con una España fuerte y unida».

El comunicado de la embajada ha borrado de golpe todas las conferencias y los esfuerzos realizados para sostener la campaña internacional a favor del referéndum. A partir de ahora se abre un nuevo horizonte en el que todos los líderes son conscientes de que si se realiza la consulta tiene que ser de manera ilegal y el problema es que nadie quiere ser inhabilitado. Por lo que desde el PDeCAT ya han marcado su propio camino a imitación de ERC para diferenciarse de sus socios en estos próximos meses y de cara a un más que posible adelanto electoral.

Según las fuentes consultadas, los ex convergentes se intentan alejar cada vez más de las propuestas más radicales de la CUP con votaciones diferentes en el Parlamento catalán e intensificarán más su mensaje contra el Estado. Mientras y desde ERC, aseguran estar reforzando su perfil de partido de gobierno esquivando las amenazas de los ‘cuperos’ para fijar ya la fecha y pregunta del referéndum.

Las reuniones en la Generalitat se intensificarán en la medida que avance el proceso para revisar la hoja de ruta e intensificar el ‘plan B’, de manera que si no se puede celebrar la consulta puedan dar paso a unas elecciones en las que Junqueras parte como favorito.

Estos encuentros discretos se producen una vez al mes y los llaman de «seguimiento del proceso» para informar de los avances que se hacen desde todas las áreas institucionales. Se pide discreción y aseguran a este medio que siempre participan los mismos: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, dirigentes de Juntos por Sí como Jordi Turull o Marta Rovira, representantes de la CUP y miembros de las tres entidades civiles como Jordi Sánchez de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart de Òmnium Cultural y Neus Lloveras de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).