La Generalitat pregunta a los niños si sus padres son obreros o jefes para ver su uso de catalán
El Gobierno claudica ante ERC: catalán con traductor en el Senado y adiós al 25% de español en las aulas
El PSOE vota con ERC y Bildu en contra de exigir a la Generalitat que respete el español en los colegios
El PP recurre al Constitucional las normas de la Generalitat «contra el uso del castellano en las aulas»
La Generalitat ha difundido, en un boletín distribuido entre los directores y profesores de las escuelas catalanas, los resultados de un análisis en el que se examina las «variables» que influyen en «los resultados académicos y en los usos lingüísticos del alumnado», como la «competencia en lengua catalana».
La Generalitat analiza los resultados de un cuestionario previo en el que pedía a los alumnos que clasificasen la profesión de los progenitores en varios niveles, desde «ocupaciones elementales, operador de instalaciones y maquinaria o montadores» a «dirección de empresas y de la administración pública», pasando por «trabajadores cualificados en actividades agrícolas, forestales o pesqueras», «trabajadores de servicios de restauración», «empleados de oficina» o «fuerzas armadas», entre otros.
En esa encuesta, el Gobierno catalán concluye que «la asociación entre la lengua inicial del alumnado y la profesión de los padres es más fuerte con las madres que con los padres». «La tendencia general», se apunta, «es que a más prestigio laboral de la madre la proporción del catalán como lengua inicial es más elevada entre el alumnado».
Lo mismo ocurre en la pregunta «¿Cuál es tu lengua?», en la que, según los autores, «en líneas generales se ve que a medida que se incrementa el prestigio profesional de la ocupación de los padres crece el porcentaje de alumnos que se sienten más cercanos al catalán y decae la proporción de los que manifiestan que su lengua de identificación es el castellano». Hay excepciones. Por ejemplo, en los alumnos con padres en profesiones agrícolas o ganaderas el porcentaje de quienes se identifican con el catalán «es superior» que en aquellas categorías «que se consideran de mayor prestigio», como los directivos de empresas.
Estudios
En el cuestionario también se preguntaba a los pequeños por el «nivel de estudios finalizados» de sus padres. En este punto, el análisis remitido a los profesores destaca que si los padres tienen un nivel de estudios más alto, la competencia en lengua catalana es también superior.
En el análisis concreto sobre el uso del catalán, los autores preguntan además por la «lengua que se habla en casa», interesándose en ese caso por si, en el ámbito privado, los pequeños y sus padres hablan en español o en catalán. La conclusión es que los alumnos que viven en hogares que no hablan el catalán de forma exclusiva hacen también un menor uso en la escuela. El informe admite, en todo caso, «la falta de deseo» sobre el «uso general» del catalán.
Control
El afán de la Generalitat por controlar al milímetro el uso de la lengua autonómica se proyecta en todos los ámbitos, también el privado.
En cuanto a la escuela, el Govern separatista acaba de remitir a los más de mil centros educativos de Cataluña el decreto Documentos para la organización y gestión de los centros en el que se establece el catalán como la lengua de uso en la escuela, lo que afecta no sólo a las actividades lectivas, sino también al patio de recreo o los comedores.
Este decreto desarrolla la nueva ley lingüística de la Generalitat que fue aprobada con el apoyo del PSC para incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir, como mínimo, un 25% de las clases en español.
Las maniobras de la Generalitat para incumplir esa sentencia han encontrado ya el aval definitivo de Pedro Sánchez. Esta semana, en la tercera reunión de la mesa de negociación con el Ejecutivo central, el independentismo logró el reconocimiento por parte del socialista de su política lingüística, lo que permitirá fulminar la enseñanza del español en Cataluña.
Tras el encuentro con la delegación catalana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó que el catalán «es una lengua española y, por tanto, existe una obligación de impulso para el Gobierno central». De esta forma, añadió, «se fortalecerá su impulso en la escuela y se reafirma el compromiso del pleno dominio del catalán y el castellano al acabar los estudios». Igualmente, el Ejecutivo reconoce la autonomía de los centros educativos para diseñar sus proyectos lingüísticos según las características de su alumnado, lo que, en la práctica, supondrá la desaparición del español.
Al Constitucional
Este jueves, el TSJC elevó al Tribunal Constitucional la nueva ley del catalán por «excluir» el español como lengua vehicular.
El tribunal reprocha además al Govern y al Parlament su voluntad de «bloquear» la aplicación de la sentencia del 25 % y reprocha que se vulnera el Estatut de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos, el derecho fundamental a la educación.
El pasado 4 de julio, el alto tribunal catalán ya acordó suspender la ejecución forzosa de la sentencia del 25 %, dada la «imposibilidad legal» de hacerlo después de la aprobación de la nueva legislación sobre usos lingüísticos en las escuelas, y pidió a las partes que se pronunciaran sobre si debía plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la nueva normativa.
El Partido Popular también presentó este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de normas de la Generalitat de Cataluña «contra el uso del español en la enseñanza».
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