La Generalitat gestionará las ‘embajadas’ a través de terceros para burlar el control del Gobierno

La nueva Generalitat independentista se prepara para burlar el control estatal a su principal instrumento de promoción exterior en favor del ‘procés’: las autodenominadas «embajadas». Los planes del secesionismo para mantener activa esa representación -liquidada tras la aplicación del artículo 155- pasan por dos vías: la iniciativa privada -sobre todo a través de empresarios- y las fundaciones.

Un ejemplo reciente es la creación del Catalonia America Council (CAC), una organización que se define como «independiente y no partidista» y que será fundamentalmente utilizada para representar los intereses del Govern en EEUU.

Localizada en Washington, estará dirigida por Andrew Davis, quien fuera delegado de la Generalitat en la ciudad americana, hasta su cese por el 155 -octubre de 2017- y con buenos contactos en el país.

En sus estatutos, el nuevo organismo explica que su financiación se basa «íntegramente» en aportaciones privadas, tanto de empresas como de particulares, lo que, en la práctica, evitaría una supervisión estatal. Entre sus finalidades, está promover «el debate y la discusión de los asuntos más urgentes» de Cataluña y EEUU, como «democracia, políticas públicas, comercio e inversión», además de reformar al «relación trasatlántica» basada en «valores políticos arraigados en la libertad, la democracia y el autogobierno».

Junto con Davis, forman parte del equipo de la CAC Anselm Bossacoma, exdirector de la Oficina Exterior de Comercio e Inversiones de Cataluña en Silicon Valley; el abogado especializado en inmigración George Ganey; Katrina Drabeck, miembro de la Silicon Valley Community Foundation; y el consultor de la empresa McKinsey & Company James Stranko.

Fundaciones e institutos

No es la única ‘solución’ que ven los independentistas. Entre los planes de Carles Puigdemont figuraba ya reforzar el papel de fundaciones e institutos. Aunque en algunos casos, financiados en parte con dinero público, el control se haría más opaco para el Gobierno central.

La intención es además promover el perfil cultural de esos organismos, impulsando «los intercambios culturales con el exterior para proyectar nuestra cultura al mundo». «Lo haremos utilizando la red de oficinas que la Generalitat tiene en el exterior, haciendo que, además de embajadas económicas y comerciales, sean embajadas culturales», rezaba el texto del programa electoral de Junts per Catalunya. Entre sus prioridades estaba «ampliar la presencia de la cultura catalana» en distintos foros internacionales.

En abril, el Gobierno liquidó el conocido como Diplocat (Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña), cuya actividad ya había suprimido el 27 de octubre con la aplicación del artículo 155.

Diplocat era una entidad público-privada al servicio de Generalitat para el impulso del proceso independentista en la esfera internacional. Además, también con la aplicación del artículo 155, el Gobierno ordenó el cierre de las «embajadas» catalanas en países como Alemania, Reino Unido, Italia o Francia, excepto la oficina abierta ante la UE.

El Gobierno independentista destinaba más de 6 millones de euros en mantener abiertas esas embajadas, siendo la de EEUU la de mayor coste: 1,1 millones.

El cierre provocó el despido de 33 trabajadores, que la Generalitat no reubicó en otros destinos, pese a que así se le había solicitado expresamente desde el Ministerio de Exteriores.

Los ceses fueron firmados por Alex Villatoro, secretario general de la Consejería de Asuntos y Relaciones Exteriores- que dirigía Raül Romeva, actualmente en prisión- que desatendió esa orden, lo que finalmente provocó que los empleados fuesen despedidos.