La Generalitat desprecia a los funcionarios y se niega a reunirse para hablar de las garantías ante el referéndum

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 13/07/2017 02:51
  • Actualizado: 20/09/2017 11:16

La Generalitat ha rechazado sistemáticamente las reuniones solicitadas por los sindicatos de funcionarios para hablar de las garantías jurídicas con las que cuentan de cara al referéndum ilegal.

Según ha podido saber OKDIARIO, varias centrales sindicales de la función pública solicitaron sin éxito distintos encuentros al Gobierno catalán, a fin de obtener información sobre su situación ante el próximo 1 de octubre. En todos los casos, fueron denegadas. «Se habla mucho de los funcionarios, pero nadie habla con los funcionarios», lamenta uno de los responsables de CSIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el sindicato más representativo de la Administración pública.

Precisamente, este sindicato ha hecho público este mismo miércoles un protocolo de actuación para los funcionarios-que avanzó ayer este periódico-, en el que se advierte que, en caso de recibir una orden ilegal, han de solicitarla por escrito.

Sus responsables recuerdan que, ante las previsibles presiones, los empleados están amparados por el principio de jerarquía, y los artículos 54.3 y 95.i del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que “establecen la obligatoriedad de cumplir las órdenes, y la responsabilidad disciplinaria en caso de no hacerlo, ello, salvo que constituya una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico”.

Los trabajadores públicos se sienten en un «limbo jurídico» de difícil encaje porque, pese a los mensajes de tranquilidad del Gobierno, se cuestionan cómo el gobierno catalán podría hacer prevalecer su propia Ley del Referéndum, anunciada la pasada semana.

Según los independentistas, esa ley establecerá «un régimen jurídico excepcional», para la celebración del referéndum, de forma que, también según su versión, «prevalecerá jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto», esto es, el ordenamiento jurídico español. Así, aseguran finalmente que la mencionada ley dará amparo «a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente» en la preparación y celebración del referéndum ilegal.

Los funcionarios catalanes están empezando a hacer público su rechazo contundente a colaborar en el referéndum. El primero ha sido el colectivo de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local de Cataluña (CSITAL), quienes, en un comunicado, se desmarcan de la consulta y aseguran que actuarán con fidelidad «al espíritu y al texto de la Constitución».

Estos funcionarios alegan que su actuación viene determinada por los principios de su código ético que, explican, se basa en «la defensa de los valores democráticos, de legalidad, de lealtad y de neutralidad y de imparcialidad política». Por ello, continúa la nota, «deben respetar y estar acorde con «el cumplimiento del principio de legalidad» española. Este colectivo rechaza además el «protagonismo» que, consideran, les ha dado el referéndum.

Los sindicatos han recibido en los últimos meses diversas consultas de los empleados públicos, preocupados por cómo actuar ante órdenes ilegales y las posibles consecuencias. Entre ellas, por ejemplo, que deban responder con su patrimonio de una eventual sentencia, uno de los asuntos que más les preocupa.

Distintas fuentes sindicales consideran, además, que el mensaje del Gobierno debería ser más contundente de cara a su protección. El Ejecutivo reiteró este martes, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que la seguridad jurídica de los funcionarios está garantizada. Santamaría acusó además al Govern de presionarles porque tienen «miedo» a asumir sus responsabilidades ante el referéndum.

Ese mensaje es insistente. Protección absoluta de los funcionarios, dicen con contundencia desde Moncloa, cuyo único deber es acatar la Constitución. Pero la preocupación creciente de los empleados públicos hace que cualquier seguridad se quede corta y que, por ello, pidan concretar todas las garantías posibles.