La Generalitat deja caducar 70.000 vacunas tras negarle la dosis a 7.300 policías y guardias civiles

La Generalitat de Cataluña ha permitido que le caduquen 70.000 dosis de la vacuna contra el Covid por la mala planificación de la campaña de inoculación. El mismo Gobierno catalán que se negó rotundamente a vacunar a los 7.300 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional destinados en la comunidad alegando que eso impediría vacunar a ancianos.

Cataluña, finalmente ha tenido que deshacerse de unas 70.000 dosis de vacuna, distribuidas en algo más de 9.000 viales de Pfizer, Moderna y Janssen. El departamento de Salud de la Generalitat catalana confirmó el pasado mes de septiembre que esas vacunas habían expirado, aunque se esperaba que las autoridades ampliasen su fecha de caducidad y permitiesen ponerlas de nuevo en circulación. Durante ese tiempo han permanecido almacenadas en refrigeradores, hasta que finalmente, y según confirman fuentes autonómicas, han terminado siendo desechadas. 

El problema, explicaban desde Salud, es que esas vacunas fueron descongeladas de forma precipitada por un mal cálculo de la demanda. Una vez se descongelan, el fabricante y las autoridades sanitarias establecen un plazo de cinco días para su inoculación. Más allá de eso no se garantiza su seguridad ni su eficacia.

‘No’ a policías y guardias

Una situación cuanto menos sorprendente teniendo en cuenta que el Gobierno catalán le negó durante semanas y de forma sistemática el acceso a la vacunación a los más de 7.300 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

«Si vacunamos a los policías dejaremos de hacerlo a los mayores de 70 años». Ese fue el argumento que empleó el departamento de Salud de la Generalitat para negarle la vacuna a policías y guardias civiles.

La situación, sin embargo, sólo les afectaba a ellos. En un informe del 24 de marzo pasado, la Generalitat reconocía que había vacunado ya al 77% de los Mossos d’Esquadra, al 68,9 de las policías locales de toda Cataluña y al 77,9 de la Guardia Urbana, la policía municipal de Barcelona. Frente a esas cifras, el citado informe apuntaba que el 3,6% los policías nacionales habían sido vacunados y el 2,8% en el caso de los guardias civiles. La decisión de no vacunarles al igual que al resto de cuerpos autonómicos y municipales era claramente discrecional.

Obligados por un juez

Fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien, después de que transcurrieran varias semanas en las que la Generalitat les negaba el acceso de la vacuna a los agentes de cuerpos policiales del Estado, obligó al Govern a inmunizarles en el plazo de diez días.

El fallo explicaba que, en ese plazo de tiempo, la vacunación de los policías y los guardias civiles debía alcanzar la misma proporción que los vacunados en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra.

Uno de los principales argumentos del TSJ para adoptar aquellas medidas urgentes fue que, de no hacerlo, se produciría un “peligro de mora procesal, en la medida en que el bien a proteger (la salud y la vida de los agentes concernidos) puede verse perjudicado de forma irreparable o difícilmente reparable de no accederse a la medida cautelar”.