Francisco Franco, señor de Meirás: «Con la ley de venganza democrática quieren acabar con la Monarquía»

La llamada Ley de «Memoria Democrática» pactada entre Pedro Sánchez y Bildu suprimirá hasta 33 títulos nobiliarios otorgados entre 1948 y 1978. Entre ellos figuran dos que actualmente ostenta la familia Franco: el propio Ducado de Franco -en manos de Carmen Martínez-Bordiú- y el Señorío de Meirás, ambos con Grandeza de España.

Este último fue creado el 26 de noviembre de 1975 por Juan Carlos I a favor de Carmen Polo, viuda de Franco, seis días después del fallecimiento de éste. En su motivación, el ahora Rey emérito manifestaba su «real aprecio» así como los «sentimientos de afecto y admiración hacia la egregia figura de doña Carmen Polo de Franco, de singular relieve en una gloriosa etapa histórica de nuestra Patria». Actualmente, el título -que toma su nombre del pazo familiar de Meirás, en manos del Estado tras un turbulento proceso judicial-  lo ostenta su nieto mayor, Francisco Franco Martínez-Bordiú.

«Con la ley de venganza democrática, como la llamo, lo que quieren es reescribir la Historia, ya lo ha dicho la ministra Yolanda Díaz», asevera en conversación con OKDIARIO el también marqués de Villaverde. Considera que la supresión de títulos que determina esta norma constituye, además, una «discriminación» porque «sin ninguna explicación quitan unos y otros no».

Los socios del Gobierno socialcomunista consideran que estos títulos «incurren en causa de supresión por exaltar el golpe de Estado, la Guerra y la dictadura, y a sus instigadores, dirigentes o participantes del sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial». «Su base está constituida por una serie de comportamientos atentatorios contra la dignidad humana y otros derechos fundamentales cometidos en épocas preconstitucionales», argumentaron PSOE y Podemos en una de las enmiendas presentadas a la norma, ahora aprobada gracias a los proetarras de Bildu.

«Hoy en día los títulos no conllevan nada. Al revés. Nos vamos a ahorrar algunos impuestos», señala Francisco Franco Martínez-Bordiú a este diario. Además, señala, «los títulos los puedes seguir usando si quieres». «En mi caso o el de mi hermana [Carmen Martínez-Bordiú, duquesa de Franco] lo único que hacen es quitarles la oficialidad pero se pueden seguir usando, como ocurre en Francia o en Italia».

¿Cómo lo ha recibido la familia Franco? ¿Con tristeza, con resignación? «Con resignación, nunca», defiende, «las cosas hay que pelearlas para testimoniar que no se está de acuerdo».

El nieto mayor de Franco llama especialmente la atención sobre el hecho de que la supresión se alargue hasta 1978 -«Justamente para quitar el de mi hermana y el mío»- aunque admite que en la familia están «acostumbrados» a estos agravios y recuerda cómo ya en la exhumación del Valle de los Caídos «se decía que no se podía hacer una ley de caso único pero a día de hoy no han removido a nadie más».

Por este motivo, se muestra convencido de que el Gobierno acabará ilegalizando la Fundación Francisco Franco, uno de los propósitos de la ley y reconocido por el Ejecutivo. «Lo han hecho a la carta para el objetivo claro de intentar borrar unos años de España en los que el país se convirtió en una potencia», lamenta.

Contra la Transición

Sánchez ha convertido la cruzada contra el franquismo en uno de sus principales argumentos de propaganda en el Gobierno. El dirigente socialista -que ya convirtió la exhumación de Franco del Valle de los Caídos en un show mediático, convenientemente retransmitido – recupera la Ley de «Memoria Democrática» en su momento de mayor debilidad política y asediado por la crisis social y económica. A ello se suma el fortalecimiento de sus pactos con Bildu para mantenerse en La Moncloa.

Según el nieto de Franco, «esto deslegitima aún más esta ley». Sin el apoyo de los proetarras opina que el foco mediático habría sido menor «porque en España la gente está anestesiada con este tipo de cosas».

En virtud de ese acuerdo con el partido de Arnaldo Otegi, la ley se amplía hasta 1983, es decir, ya bajo el mandato de Felipe González. Sánchez ha concedido a Bildu la creación de una comisión que investigará los presuntos abusos cometidos hasta entonces, lo que cuestiona la Transición y la misma democracia. «Es la gota que colma el vaso», opina Franco, quien advierte también de que «esta ley de venganza democrática viene de largo» y que su propósito no es otro que «reescribir la Historia y cargarse la Transición y, con ello, la Monarquía y la Constitución».