La Fiscalía sigue los pasos a Quim Torra y actuará en cuanto exista «materia delictiva»

La Fiscalía está preparada para actuar contra el nuevo presidente electo de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, en cuanto exista «materia delictiva». Torra ha sido investido como 131º presidente de la Generalitat en la XII legislatura catalana este lunes con los votos a favor de su grupo parlamentario PDeCAT y de ERC y las cuatro abstenciones de la CUP. En total, 66 votos a favor frente a los 65 de la oposición.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la Fiscalía ya está vigilando los pasos de Torra y no dudará en «actuar» judicialmente contra el nuevo presidente catalán cuando adopte una decisión política que atente contra la Ley vigente y la Constitución española.

El anterior fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza, ya presentó dos querellas contra el Govern de Carles Puigdemont y la Mesa del Parlament que presidía Carme Forcadell. Dichas querellas derivaron en la causa abierta contra el proceso independentista que instruye actualmente el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Durante su discurso en la segunda sesión del pleno de investidura, Torra invitaba a “trabajar desde mañana mismo” para desplegar una república catalana que se guiará, ha dicho, por los principios de “excepcionalidad, provisionalidad, responsabilidad, diálogo y vida”.

El nuevo presidente de la Generalitat ,que tomará posesión en un plazo de 5 días tras la publicación oficial en el BOE y en el DOGC del decreto de su nombramiento, también apostaba por que la hoja de ruta independentista venga por un Consejo de la República-dirigido por Puigdemont desde el exterior-el Parlament, los ayuntamientos y la Asamblea de Cargos Electos, una “entidad destinada a tener un papel muy importante” en el proceso.

El candidato electo de Junts per Catalunya abogaba a su vez por la “soberanía” del Parlament para hacer leyes a medida, “leyes justas” y anunciaba que su gobierno volverá a impulsar las leyes, un total de 16, impugnadas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

Las mismas fuentes consultadas apuntan que hasta el momento el Ministerio Público no ha encontrado presuntos hechos delictivos en la actuación de Torra, ya que son sólo manifestaciones realizadas en la sede del Parlamento autonómico.

Sin embargo, el futuro judicial de Torra puede cambiar sensiblemente en el momento en el que dé un paso adelante e intente retomar o impulsar Leyes suspendidas o declaradas inconstitucionales.

Las querellas del fiscal Maza

El pasado 30 de octubre, la Fiscalía General del Estado presentaba una primera querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación y una segunda querella ante el Tribunal Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.

El fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, detallaba que la primera querella se dirigía contra “los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia”, realizada “con total desprecio a nuestra Constitución”.

La segunda querella se destinaba a Forcadell y a todos los integrantes de la Mesa del Parlament que facilitaron, con sus votos, la tramitación de la declaración de independencia, tanto los aforados como miembros de la Diputación, como los que ya no lo están al verse arrastrados por la competencia del Supremo.

Según explicó Maza, la presidenta y los diputados independentistas posibilitaron con sus acuerdos “la culminación del proceso independentista” facilitando la votación de la declaración de independencia en el Parlament. Además, recalcó que “a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas”.