La Fiscalía sale al rescate de Marlaska y le exculpa de las muertes en la valla de Melilla

La fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha acordado archivar las diligencias de investigación que estaban abiertas en relación con los incidentes ocurridos en la frontera de Melilla con Marruecos el pasado 24 de junio, cuando se produjo una avalancha en la que perdieron la vida 23 personas.

A pesar de que la fiscal no ve indicios de delito en la actuación de los guardias civiles, se han trasladado las conclusiones a la dirección de la Benemérita por si consideraran una infracción disciplinaria la actuación de los agentes.

Durante los seis meses que ha durado la investigación, se ha tomado declaración tanto a personas inmigrantes como a agentes y se ha realizado un análisis de diversos informes, material videográfico y audios correspondientes al día de la tragedia. En la investigación realizada por la Fiscalía, se constata que la actuación de los inmigrantes, entre 700 y 800 personas, «fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles», explica la fiscal.

Es por ello que no puede concluirse que la actuación de los agentes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los inmigrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente.

Los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas, resalta, son los facilitados por las autoridades marroquíes en el informe emitido a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; y solo Marruecos dispone de todos los elementos probatorios (cuerpos de los fallecidos, testigos, heridos, etc).

Según apunta, ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento «de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias», por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio. Incluso de haberlo sabido, añade, no podrían habérselo prestado «sin riesgo propio». Además, la Fiscalía tampoco cuestiona los 70 rechazos en frontera, en los que según el Defensor del Pueblo no se respetaron «las garantías legales nacionales e internacionales». Eso sí, ha recordado a los Ministerios implicados su obligación de garantizar que los inmigrantes tienen «posibilidades reales» de solicitar legalmente visado, protección internacional o asilo.

Según el decreto, los guardias civiles que llevaron a cabo las devoluciones lo hicieron «en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española».