AUDIENCIA NACIONAL

El juez deja en la cárcel al ex jefe de la Guardia Civil en el puerto de Valencia ante el riesgo de fuga

La Fiscalía ha pedido para todos los detenidos el ingreso en prisión preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga

jesús fernández bolaño
El capitán de la Guardia Civil Jesús Fernández Bolaño.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del ex responsable de la Guardia Civil en el puerto de Valencia detenido esta semana por narcotráfico, al igual que para otros tres de los cinco detenidos en la misma operación.

El ex jefe de la Guardia Civil permanecerá en la cárcel -tal como había solicitado el fiscal- como presunto autor de delitos de tráfico de drogas, organización criminal, cohecho pasivo, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.

Para otro de los detenidos, el magistrado ha decretado también prisión por tráfico de drogas, y además se le acusa de ser jefe de una organización criminal y de cohecho activo, mientras que para los dos restantes las acusaciones son de tráfico de drogas y organización criminal.

El capitán Jesús F. B., que estaba pendiente de destino tras prestar servicios en el puerto de Valencia desde 2014 a mayo de 2024, ha pasado este sábado a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que ha accedido a la petición del ministerio público, informa Efe.

La Fiscalía Antidroga había solicitado el ingreso en prisión preventiva de un ex responsable de la Guardia Civil en el puerto de Valencia, Jesús Fernández Bolaños, detenido esta semana por presunto narcotráfico junto a otras cuatro personas.

El capitán, que estaba pendiente de destino tras prestar servicios en el puerto de Valencia desde 2014 a mayo de 2024, ha pasado este sábado a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge. Tras su comparecencia, la Fiscalía ha pedido para él y los otros cuatro detenidos el ingreso en prisión preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.

Los arrestados están investigados por presuntos delitos como tráfico de drogas, cohecho, blanqueo, organización criminal u omisión del deber de perseguir delito. La causa, que se inició tras la presentación de una querella por la Fiscalía Antidroga, se mantiene bajo secreto de sumario. El puerto de Valencia es el principal muelle de entrada de cocaína en España y el tercero en Europa, tras los de Amberes (Bélgica) y Rotterdam (Holanda), con la intervención en 2022 de 26 contenedores que guardaban un total de 11.564 kilos de esa sustancia estupefaciente.

La fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán, ya apuntó hace un año a la dificultad de introducir droga por un puerto como el valenciano «sin colaboración», por lo que las fiscalías especializadas centran sus esfuerzos en impedir que «el dinero de la droga» corrompa a funcionarios o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Jefe de la Guardia Civil

Jesús Fernández Bolaño, ex jefe de la Policía Local de Caravaca, presentó su dimisión voluntaria en ese ayuntamiento en 2011 tras dos años al frente del cuerpo y solicitó su reingreso en la Guardia Civil, donde se encontraba en excedencia desde 2011. Su renuncia fue aceptada por el entonces alcalde, Domingo Aranda.

La dimisión se produjo en medio de una investigación sobre irregularidades administrativas detectadas en la gestión del depósito municipal de vehículos retirados de la vía pública, caso que la oposición llevó a la Fiscalía junto con otras presuntas irregularidades. El Ayuntamiento abrió una investigación interna que quedó paralizada cuando la Fiscalía abrió diligencias previas.

Fernández Bolaño justificó su renuncia alegando «cansancio acumulado por la presión» sobre su gestión en los últimos meses, denunciando la «manipulación de la información» y afirmando sentirse «juzgado públicamente» además de ser objeto de «calumnias e injurias». La crisis en la Policía Local de Caravaca se agravó cuando la Junta de Gobierno suspendió de empleo y sueldo al sargento José Antonio Caro, tras descubrirse que había anulado 25 multas a sí mismo y a sus familiares durante los últimos seis meses.

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