La Fiscalía no quiere irritar al separatismo: sólo pedirá 18.000 € de multa para Torra

A menos de 20 días de que el Tribunal Supremo emita la sentencia del juicio del ‘procés’ no conviene alimentar el victimismo separatista. Por ello, la Fiscalía no pedirá pena de prisión para Quim Torra por desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC), tras no retirar los lazos amarillos en edificios públicos durante el período de campaña previo a los comicios generales del pasado 28 de abril.

El presidente del Govern se enfrentará sólo a una multa de entre 6.000 y 18.000 euros por colgar simbología independentista y propaganda a favor de los políticos catalanes presos, entre otros, desde el balcón del Palau de la Generalitat.

Sin embargo, el Ministerio Público sí instará la inhabilitación de Torra para el ejercicio de cualquier cargo público –de ámbito local, autonómico, estatal o europeo– durante un período no superior a un año y ocho meses. Y así lo hará constar en su escrito de calificación jurídica de los hechos, una vez el TSJC ha decretado la apertura del juicio oral tras desestimar, previamente, el recurso de apelación de Torra contra su decisión de procesarle por el incumplimiento de las advertencias de la JEC.

Tal y como sostiene el tribunal en el auto denegatorio: «No parece discutible que los acuerdos de la JEC son ejecutivos y de obligado acatamiento para las autoridades o particulares a los que fueran dirigidos». Algo que ni siquiera el propio Torra discute dado que en su primera declaración, el pasado día 15 de mayo, reconoció los hechos ante los magistrados competentes para enjuiciarle.

En dicha ocasión, Torra acudía en calidad de investigado para admitir que había desafiado el mandato del máximo órgano judicial en materia electoral -la JEC- al mismo tiempo que cuestionaba la competencia del mismo para obligarle a actuar ya que «yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía en defensa de los derechos humanos».

«No pienso pagar»

Por su parte, Torra manifestaba no tener intención de abonar ninguna de las multas que le fuesen impuestas por la Junta electoral Central, y que ascendían a un total de 5.500 euros, como consecuencia de su negativa a cumplir con la retirada de la simbología independentista de espacios públicos, dado que es contraria a la neutralidad que la ley exige a los poderes públicos en periodo electoral.

La JEC sancionó al presidente de la Generalitat, en vía administrativa, con dicho importe por sus declaraciones durante el último día de Sant Jordi a favor de los golpistas del 1-O y los líderes independentistas prófugos de la Justicia española: Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel.

«No pienso pagarlas. La libertad de expresión está en cuestión ahora mismo en el Estado español. Siempre que se castigue la libertad de expresión la volveremos a ejercer y seremos consecuentes», aseguraba.