La Fiscalía no se deja burlar por los golpistas: descontará los días de campaña de sus permisos

La Fiscalía, tanto de Cataluña como la General del Estado, está estudiando solicitar al Tribunal Supremo que los días que los presos del 1-O han disfrutado de libertad con un “tercer grado encubierto”, les sean descontados de los permisos de dos días que tienen por haber cumplido una cuarta parte de la condena.

Así, de los 36 días anuales que les corresponden, el Ministerio Público solicitará que se les descuenten todas y cada una de las jornadas que han estado en la calle haciendo campaña electoral de cara a los comicios que se celebrarán el próximo domingo 14 de febrero. Unos días que según las fuentes consultadas son «ilegales», jurídicamente hablando, y que podrían rozar la prevaricación por parte de la Generalitat.

Tercer grado

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn están en libertad, tras obtener el tercer grado, desde el pasado día 29 de enero por lo que, por el momento, ya son seis los días que les serían descontados de los permisos.

Pero ese número se incrementará exponencialmente pues desde la Generalitat se está dilatando al máximo notificar a la Fiscalía la concesión del tercer grado. Eso quiere decir que, al menos, desde que sea notificado y el Ministerio Público pueda recurrir, pasarán un mínimo de diez días hasta que se vuelva a encarcelar a los condenados por sedición y malversación. Por lo que los presos habrían disfrutado de casi el 50% de los días de permiso a los que tienen derecho.

Así, y según las fuentes de toda solvencia consultadas por OKDIARIO, en el caso de que el Tribunal Supremo conceda la petición de la Fiscalía, en este caso sería lo solicitado por los cuatro fiscales del ‘procés’, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, todos los condenados  perderían la mitad de las jornadas de libertad que tienen para todo un año, en su caso 36 días a razón de dos días por cada permiso. Porque hay que tener en cuenta que el primer recurso, el de la Fiscalía de Cataluña, no es suspensivo, por lo que sólo volverían a prisión cuando lo soliciten desde la Fiscalía General del Estado.

Recurso

Como ha informado OKDIARIO, la Fiscalía ha chocado contra un muro, y se encuentra atada de pies y manos hasta ahora, pues hasta que la Generalitat no notifique la medida, no pueden recurrir.

¿Pero cómo se ha llegado a este punto? Ésa es la pregunta que debería planear sobre todos los operadores jurídicos implicados en este caso. Según las fuentes relacionadas con el caso, el Tribunal Supremo no acertó al ignorar la petición de los cuatro fiscales del 1-O, y no aplicar el artículo 36.2 del Código Penal, tal y como solicitaban los representantes del Ministerio Público, lo que habría implicado que no pudieran salir de la cárcel hasta haber cumplido la mitad de la pena y, por lo tanto, ahora seguirían todos en prisión.

En cuanto a las motivaciones del futuro recurso, fuentes conocedoras del caso explican a este periódico, que las afirmaciones del Ministerio Público no diferirán en demasía de lo dicho anteriormente. Por tanto, los fiscales volverán a señalar que la semilibertad que permite el 100.2 se asemeja a la concesión de «un tercer grado encubierto».

Además de los anterior, también hay que tener en cuenta lo que ya se dijo por parte de la Fiscalía respecto del indulto, que mucho tiene que ver con los recursos que se volverán a presentar, pues las preguntas y respuestas jurídicas se entremezclan como los elementos químicos de una fórmula magistral.

Por tanto, frases como “una de las condiciones mínimamente exigibles para su otorgamiento es la constatación de una aceptación manifiesta de la responsabilidad por el delito cometido y el decidido propósito de no reincidir como muestras de acatamiento a la legalidad conculcada”, se volverán a leer en los escritos.

Y mientras todo esto sucede, el tema de la petición de los indultos sigue coleando. Una petición que para los presos no son nada, pues todos ellos, y sus partidos, lo que quieren es que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgue un indulto.

Algo que es inasumible, políticamente hablando para el Ejecutivo, pero que mientras el Tribunal Supremo no emita su informe respecto de la petición de indulto, desde el Gobierno torean como buenamente pueden. Sin embargo, de cara a la formación de un futuro Gobierno en Cataluña, no es una cuestión menor para el PSC, con el ex ministro Salvador Illa a la cabeza.