La Fiscalía llamará a declarar al hermano de Ayuso por mediar en el contrato de mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción tiene la intención de citar a declarar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, y al gerente de Priviet Sportive, Daniel Alcázar, en la investigación abierta por mediar en la contratación con la citada empresa para proporcionar 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros durante la primera ola de la pandemia de la covid-19.

El Ministerio Público ya ha solicitado un informe a la Intervención General de la Administración del Estado para analizar si se ha producido alguna irregularidad en la adjudicación, y también va a pedir información bancaria para analizar las facturas emitidas por la administración contratante así como de la empresa adjudicataria y del hermano de Díaz Ayuso. 

La Fiscalía, que depende de la ex ministra socialista Dolores Delgado, citará en la sede de la madrileña calle de Manuel Silvela al hermano de Ayuso y al empresario Alcázar para averiguar los entresijos de esa operación comercial y si existió alguna irregularidad.

Sin embargo, fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que estas diligencias estaban previstas en el marco de la investigación que debe desarrollarse previo al archivo de las actuaciones. El Ministerio Público está obligado a incoar la investigación, pero, apuntan, una vez que se revise la documentación aportada por los denunciantes y la Comunidad de Madrid además de practicar algunas diligencias, se cerrará porque «no existen indicios suficientes para judicializar la causa», subrayan.

El fiscal también comprobará  «las pruebas» incorporadas en las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el PSOE, Podemos y Más Madrid. Entre ellas, destacan unos SMS de un número desconocido que recibieron Íñigo Errejón y Mónica García hace cuatro meses. En la denuncia, la líder de Más Madrid reconoce que los mensajes no le parecieron lo suficientemente «veraces» como para ponerlos en conocimiento de la Fiscalía. Ni siquiera García ni nadie de su equipo ha contactado ni ha podido hablar con el supuesto denunciante. Los mensajes fueron mandados desde un número de teléfono que no estaba oculto, por lo que podría parecer sencillo rastrear y averiguar a quién pertenece.

En los mensajes, el denunciante aseguraba que «la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1,5 millones para EPIS –equipo de protección individual– y mascarillas de Ifema». Sin embargo, expresaba que «no se había atrevido a poner en conocimiento de la Fiscalía tales hechos» y tampoco quiso dar la cara ante los dirigentes de Más Madrid para ampliar la información. Fuentes judiciales consultadas por este periódico afirman que «en muchas ocasiones, se denuncian hechos gravísimos bajo el paraguas de ‘me lo mandó un anónimo’ y, de esa manera, la Justicia no puede perseguir al denunciante por denuncia falsa».

No hay indicios sólidos

Anticorrupción reconoce que los indicios contra Díaz Ayuso no son sólidos, pero, pese a ello, sustenta la apertura de diligencias en «el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública». El fiscal jefe Alejandro Luzón ha subrayado en un escrito que «las hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo –en la que está aforada Ayuso–, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada».