La Fiscalía investigará si hubo desobediencia en la actuación de Torrent al tramitar la moción de la CUP

María José Segarra
La Fiscal General del Estado, María José Segarra. Foto: EFE

La Fiscalía General del Estado ha ordenado este martes a la Fiscalía catalana que abra una investigación por desobediencia en la actuación del Parlament catalán por la tramitación de la moción de la CUP sobre la autodeterminación.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado ha informado de que ha instado la incoación de diligencias de investigación «a fin de valorar la posible trascendencia penal» tras las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament durante las últimas semanas y hasta el día de hoy, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.

El Pleno del TC ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere «su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».

A pesar de haberse reunido de urgencia, no obstante, no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, está dispuesto a asumir las consecuencias que se deriven de la aprobación este martes de la moción de la CUP sobre ejercer la autodeterminación tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC), pero no pondrá en riesgo a los funcionarios de la cámara.

Fuentes de la presidencia del Parlament han explicado que Torrent entiende que son los responsables políticos los que deben asumir responsabilidades y no los funcionarios, después de que el letrado mayor de la cámara, Joan Ridao, se haya pronunciado en contra de publicar la moción en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (Bopc).

Así, recuerdan que la publicación en el Bopc es una potestad de los servicios jurídicos, que también han sido requeridos por el Tribunal Constitucional (TC), y por ello dichas fuentes expresan su solidaridad «antirepresiva» con ellos por tener que ejercer sus responsabilidades en este contexto.

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