La Fiscalía de Delgado bloquea los recursos contra la libertad de los golpistas desde hace 6 días

Los condenados por el procés siguen libres. El motivo, que la Fiscalía que dirige Dolores Delgado no ha recurrido la decisión de su puesta en libertad. Una libertad, la de los condenados por el 1-O, que se obtuvo tras la concesión de un segundo tercer grado, y que sigue igual que el primer día, con el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Dolors Bassa en la calle, y haciendo campaña electoral de cara a los comicios del 14-F.

Primero, como informó OKDIARIO fue la Generalitat la que cinco días después de haber otorgado el segundo permiso no había notificado al Ministerio Fiscal la concesión de la medida, lo que impedía recurrir. Finalmente fue una semana lo que el Gobierno catalán necesitó para informar. Pero ahora, es el propio Ministerio Público dirigido por la ex ministra de Pedro Sánchez el que seis días después todavía no ha presentado el recurso que permita a los jueces de Vigilancia Penitenciaria  devolver a los condenados a prisión.

Es más, fue la propia Dolores Delgado la que aseveró en una entrevista con Carlos Alsina que el Ministerio Público iba a recurrir. Sin embargo, y a diferencia de cuando les fue otorgado por primera vez el tercer grado, las jornadas se dilatan sin que se presente ningún papel, pues en aquella ocasión tan sólo necesitaron 48 horas para formalizar su rechazo a ese “tercer grado encubierto”. Pero ahora, teniendo incluso una resolución del Tribunal Supremo, los fiscales catalanes no presentan el recurso, lo que permite que condenados como Oriol Junqueras sigan haciendo actos de campaña con total libertad.

Permisos

Estos días fuera del presidio para hacer política independentista, tal y como informó OKDIARIO, pueden terminar por costarles casi la mitad de los días de permiso a los que sí que tienen derecho, tras haber cumplido un cuarto de la pena impuesta por el Tribunal Supremo como autores de un delito de sedición en concurso ideal, con otro de malversación de caudales públicos.

El motivo es que, según ha podido saber este periódico, los fiscales del Supremo, y no se descarta que los catalanes, se están planteando muy seriamente solicitar que este tercer grado, al que todos ellos tachan de “fraudulento”, una vez sea decretado inválido por el Supremo, obligue a que los días de los que ahora han disfrutado en libertad los presos, les sean descontados de los permisos de dos días a los que sí tienen derecho.

La otra duda que surge es si alguna de las partes, principalmente la acusación popular ejercida por Vox, solicitará que se investigue por prevaricación a la Junta de Tratamiento Penitenciario de Cataluña, pues ha otorgado un tercer grado en contra de una resolución del Tribunal Supremo, tal y como publicó OKDIARIO.

Indulto

Todo esto sucede mientras sigue coleando el tema de la petición de indulto al Gobierno al que pertenecía Dolores Delgado, a la que los cuatro fiscales del procés, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, se oponen frontalmente, pero que cada vez más voces dentro del Gobierno de Pedro Sánchez defienden, aunque sólo sea de una forma parcial. El Tribunal Supremo por su parte sigue sin pronunciarse, y se prevé que siga así, al menos, hasta que terminen las elecciones en Cataluña y haya Gobierno tras los comicios.

En cuanto a los recursos, las fuentes consultadas por este medio aseveran que, añadiendo las novedades, los recursos irán en la misma línea que la vez anterior. Así, el Ministerio Público volverá a insistir, por ejemplo, en que «los internos continúan reconociendo los hechos y sus consecuencias, pero no el delito, al igual que hacían al inicio del cumplimiento de la pena, no habiendo superado los internos ningún programa específico de tratamiento para abordar tal déficit, a lo que se ha de añadir que no se ha producido el necesario acercamiento progresivo con el exterior».

Al igual que con los fiscales, tampoco se prevén grades cambios en lo dicho por el Supremo, más allá de que tengan que valorar una posible prevaricación. Es decir, no se descarta volver a leer frases como: «En la tarea de acomodar el cumplimiento de las penas impuestas a los fines constitucionales que inspiran la ejecución de las penas privativas de libertad, nuestra sentencia no tiene que ser permanentemente reinterpretada. En los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática. Su detenida lectura descarta cualquier quiebra del principio de proporcionalidad».