La Fiscalía del Supremo se resistirá a levantar la inhabilitación a Junqueras: «Malversó fondos»

La Fiscalía del Tribunal Supremo no cederá. Los cuatro representantes del Ministerio Público, que acusaron de rebelión a los líderes independentistas condenados por los hechos ocurridos en Cataluña durante la celebración del referéndum ilegal del 1-O, defenderán que se mantenga la inhabilitación que les impuso el Alto Tribunal en la sentencia, sin rebajas. Así contestarán en un escrito, con una fundamentación jurídica argumentada, cuando el Supremo les dé traslado de oficio sobre la revisión de las penas de Oriol Junqueras y el resto de condenados, una vez entre en vigor la proposición de ley impulsada por el PSOE y Podemos para suprimir el delito de sedición y sustituirlo por uno de «desórdenes públicos agravados».

Según fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO, la Fiscalía del Supremo no alberga dudas sobre la inhabilitación a la que fueron condenados los líderes independentistas. «Puede desaparecer la sedición, pero los separatistas siguen condenados por un delito de malversación que es totalmente independiente. Se hizo un uso indebido de fondos públicos al margen de que hubiese sedición. Con la supresión de la sedición, la condena ya no será medial, pero prevalece la malversación como un delito independiente», explican. Añaden que la pena de 13 años impuesta a alguno de los condenados, como Junqueras, «está prevista legalmente en el delito de malversación agravada», que condena con inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos han causado un perjuicio que excediera de 250.000 euros. La sentencia del 1-O prueba que se desvió más de dicha cantidad en el proceso independentista.

Por todo ello, las fuentes consultadas aseguran que «la malversación revive al eliminar la sedición y la pena de inhabilitación está justificada». Y concluyen que la Fiscalía apoyará esta tesis para no rebajar la pena de inhabilitación de los condenados por el 1-O como pretende Pedro Sánchez para facilitar el regreso a la política de sus socios independentistas.

Sin embargo, la última palabra la tendrá el tribunal sentenciador. Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo deberán examinar la propuesta de la Fiscalía y decidir si se rebaja la inhabilitación de los golpistas catalanes o se mantiene la misma pese a que se suprima el delito de sedición por el que fueron condenados en firme.

Constitucional

Las mismas fuentes explican que los independentistas podrán recurrir la decisión del Supremo en amparo ante el Tribunal Constitucional y hay que recordar el evidente interés de Pedro Sánchez por asaltar la Corte de Garantías.

Sánchez está decidido a asaltar el Tribunal Constitucional pese al reciente fracaso de la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para ello, el Gobierno nombrará a los dos magistrados que le corresponden sin esperar a que el órgano de gobierno de los jueces designe a sus candidatos. Tal y como adelantó OKDIARIO, la maniobra del Ejecutivo contará con el beneplácito del sector progresista del Constitucional, que ha cambiado de criterio y ahora opta por «dar el plácet» a los miembros propuestos por el Gobierno, aunque lleguen sin los dos candidatos que corresponden al CGPJ. Sin embargo, la Carta Magna subraya que la renovación del Constitucional debe realizarse por tercios.

Hay que recordar que desde junio está pendiente de renovar un tercio del tribunal: cuatro magistrados. Dos de ellos tienen que ser nombrados a propuesta del Gobierno y los otros dos, por el CGPJ. Así, deberán salir del Constitucional el actual presidente, Pedro José González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez. En sustitución de estos tienen que entrar tres a propuesta del PSOE (los dos del Ejecutivo y el candidato de los vocales progresistas del Consejo) y uno conservador (propuesto por los vocales del CGPJ que fueron designados por el PP). Así, Sánchez pretende que el Tribunal de Garantías, que deberá revisar la inhabilitación de los golpistas catalanes, pase a una mayoría progresista, con la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, en un tiempo récord.