La Fiscalía alega que Griñán «pudo y debió» parar las ayudas de los ERE fraudulentos

El fiscal considera que en el juicio del caso ERE «ha sido plenamente acreditado» que el ex presidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, como consejero de Hacienda del 2004 al 2009, era destinatario de los informes del interventor y ante sus avisos de irregularidades «pudo y debió» parar las ayudas investigadas.

El fiscal Manuel Fernández Guerra ha continuado hoy exponiendo su informe final, concretando la participación en los hechos investigados de cada uno de los 21 ex altos cargos de la Junta procesados, en los que basa su acusación.

En el caso de Griñán, para el que pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, ha señalado que «no cabe la menor duda» de que como consejero de Hacienda era uno de los destinatarios de los informes de control financiero permanente de la agencia pública IDEA, encargada de pagar las ayudas.

En esos informes el interventor alertó del «uso inadecuado» de las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para abonarlas y de que la Dirección General de Trabajo estaba dando ayudas «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».

El fiscal ha reproducido la declaración que voluntariamente hizo en 2015 el exinterventor general Manuel Gómez -también procesado en este juicio- ante el Tribunal Supremo (que inicialmente instruyó la causa de Griñán por ser entonces aforado como senador), en la que explicó que sus avisos eran «suficientemente relevantes» como para que Griñán tomara medidas.

Entonces el exinterventor sostuvo que Griñán, como consejero de Hacienda responsable de velar por las arcas públicas, pudo ordenar a la Consejería de Empleo dejar de tramitar las ayudas, informar al Consejo de Gobierno de las irregularidades detectadas y «podía perfectamente ordenar que se suspendieran los pagos».

Aunque entonces el Supremo no vio indicios de malversación en la actuación de Griñán, el fiscal ha defendido que desde 2015 hasta el fin de la instrucción por el Juzgado 6 de Sevilla en 2016 (que incluyó la investigación sobre Griñán al dejar de ser aforado), las diligencias practicadas sí permitieron concluir la existencia de tales indicios que «han sido plenamente acreditados» en este juicio.

Los fiscales han incidido en que, además de Griñán, conocieron los avisos del interventor sobre las irregularidades en la concesión de las ayudas, su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo -que afronta la misma pena que Griñán-, los exconsejeros de Empleo e Innovación Antonio Fernández y Francisco Vallejo o los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román -8 años de prisión-.

Unos informes en los que fue «clave» el adicional elaborado en 2005 (sobre el ejercicio 2003) para el que el interventor pidió a la Dirección General de Trabajo una muestra de 20 expedientes de concesión de ayudas de cuyo análisis sacó hasta 18 «graves deficiencias» que le llevaron a concluir que se estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido».

«No cabe alegar que son numerosos los informes que llegan de la Intervención para justificar la no lectura», ha expuesto el fiscal en alusión a lo declarado por Aguayo durante la instrucción y en el juicio.

Ha incidido en que incluso el informe adicional de 2005 motivó una reunión con el interventor (Manuel Gómez), el consejero y el viceconsejero de Empleo (Antonio Fernández y Agustín Barberá respectivamente), el director de Trabajo (Javier Guerrero) y el director de Presupuestos (Antonio Lozano) para abordar los problemas detectados aunque «nada cambió».

Los incumplimientos se mantuvieron y se siguieron recogiendo en los informes de control financiero de IFA/IDEA, pese a lo cual el interventor «no volvió» a recabar más muestras de expedientes para comprobar si sus avisos habían causado cambios ni ordenó retener créditos, como en 2004, ante el «déficit» en IDEA que «provocó» el director de Trabajo Javier Guerrero comprometiendo ayudas por encima del crédito transferido a la agencia para su pago.

Ni los responsables de Empleo cambiaron el sistema de concesión y pago de las ayudas ni el consejero de Innovación Francisco Vallejo y los directores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete impidieron que la agencia pública, pese a que desde 2004 ya no dependía de Empleo, siguiera siendo utilizada para pagar ayudas que daba la Dirección de Trabajo, pese a que ello generaba un «déficit o desfase presupuestario» que recogían sus auditorías externas.