El fiscal insiste en que Trapero fue «indispensable» para el 1-O pero le da opción a librarse de la cárcel

El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo acusa al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero de sedición por autoría directa porque la actuación de la policía autonómica fue «indispensable para la comisión de los delitos» cometidos en el proceso independentista catalán y para dar «una apariencia de institucionalidad y legitimidad» al referéndum del 1 de octubre de 2017.

Carballo considera que los Mossos actuaron con «tibieza» y hubo una «dejación consciente y voluntaria» de sus obligaciones. «Era evidente que no había ningún deseo real de evitar el 1-O», ha dicho, para añadir que el «mantra» que han utilizado sus mandos acerca de que la prioridad era ejercer con «proporcionalidad» y mantener la paz social fue únicamente una «excusa».

Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, en el que solicita 10 años de prisión para Trapero por sedición, aunque también propone una alternativa por delito de desobediencia, que no conlleva pena de cárcel.

El fiscal también ha puesto en duda el plan para detener al Govern de Carles Puigdemont del que Trapero ha hablado tanto en este juicio como en el del Tribunal Supremo que condenó a los líderes políticos y sociales, y ha relacionado su ascenso a mayor de la policía autonómica con la «confianza» que mostraban en él los dirigentes políticos para poder llevar a cabo sus planes independentistas.

Así las cosas, el mayor de los Mossos d’Esquadra podría no entrar en prisión como los líderes separatistas que perpetraron el golpe del 1-O. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rebajado su acusación contra Josep Lluís Trapero de un delito inicial de rebelión a uno de sedición por el que pide una condena de 10 años de prisión.

Además, la Fiscalía llega a plantear como alternativa a ese delito una condena por desobediencia, lo que implicaría una multa e inhabilitación pero no penas de cárcel. De esta manera, el fiscal Miguel Ángel Carballo sigue el criterio marcado en la sentencia del Supremo que condenó el otoño pasado a los líderes independentistas por sedición.

La Fiscalía finalmente pide para Trapero 10 años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta, frente a los 11 años que pedía anteriormente por rebelión, «con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena».

Solicita la misma pena para el ex secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler. A los tres, el fiscal les considera «autoridad», en virtud del artículo 545 del Código Penal, por los cargos que ejercieron durante el ‘procés’.

En cuanto a la cuarta acusada en este juicio, la intendente de los Mossos Teresa Laplana, quien ha estado acusada todo el proceso de un delito de sedición y se enfrentaba a 4 años de cárcel, el fiscal mantiene esta misma petición de condena, además de «4 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, en concreto el cargo y la función de policía, así como aquellos que sean electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local».