Extremadura presenta ante el Tribunal Constitucional su recurso contra la Ley de Amnistía

El Gobierno de Extremadura ha presentado en el Tribunal Constitucional este martes un recurso contra la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso. La Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla La-Mancha ya presentaron este lunes otros cinco recursos al entender que vulnera el principio de separación de poderes y atenta contra el derecho de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

María Guardiola, presidenta de Extremadura, ha dado luz verde al recurso este mismo martes. La dirigente popular extremeña ha informado de la autorización en la reunión de su Consejo de Gobierno, que ya anunció a finales de julio que tomaría este camino.  La demanda ha sido registrada por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Victoria Bazaga, portavoz del Gobierno de Extremadura, ha asegurado que la Ley de Amnistía vulnera el principio de separación de poderes. «Desconoce la atribución exclusiva a los Tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos», ha dicho Bazaga en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. La portavoz extremeña ha señalado que, además, dicha ley supone «un trato privilegiado de unos españoles frente a otros», ya que establece «infundadamente» que por unos mismos hechos ilícitos «unos españoles deberán responder y otros quedarán exonerados de cualquier responsabilidad civil, penal y contable».

Bazaga ha explicado que la Junta de Extremadura aboga por «la igualdad de trato a los ciudadanos con independencia en el territorio en el que residan», pues «ningún ciudadano es superior a otro por haber nacido en una determinada comunidad». «El Gobierno extremeño no va a permitir que se establezcan diferencias que socaven la cohesión social y territorial», ha asegurado la portavoz del Ejecutivo.

El recurso interpuesto por el Gobierno de Extremadura a la Ley de Amnistía llega sólo un día después del presentado por los ejecutivos de otras cinca autonomías. La polémica ley ha recibido una cascada de recursos de inconstitucionalidad por parte de la Comunidad de Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía, gobernadas por el Partido Popular, a las que se unió Castilla La-Mancha, en la que gobierna el socialista Emiliano García-Page.

Además, en algunos de los recursos presentados ante la Corte de Garantías, como es el caso de Madrid y Andalucía, se ha incluido una solicitud para recusar a Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también informó  de que en el recurso presentado por su Ejecutivo, se incluiría una solicitud para recusar a otros dos magistrados, Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia, y Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica de Moncloa.