El expresidente de ANC reconoce que el referéndum del 1-O fue «ilegal» y que hubo «actos vandálicos»

El expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha reconocido ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que «el referéndum del 1 octubre fue ilegal», que «no hubo actos violentos, sí vandálicos» y que «desde febrero de 2015 hubo una hoja de ruta con ANC, Òmnium Cultural, ERC y CDC» para conseguir la independencia.

También ha mantenido que «su opinión sobre la Declaración Unilateral es la misma de siempre y que no cree en ella » y además habría asegurado que renunciaría a su escaño en el Parlamento catalán si su partido apuesta por «la unilateralidad».

Sánchez está citado este jueves ante el Alto Tribunal en calidad de investigado junto al exconseller de Interior, Joaquim Forn y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

Forn es investigado por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, mientras ‘los Jordis’ están imputados por sedición. La acusación popular que encabeza el partido VOX solicitará al juez que sigan en prisión incondicional.

Los fiscales presentes en la declaración son Fidel Cadena y Javier Moreno. El primero en declarar como investigado ha sido Jordi Sánchez minutos antes de las 10 de la mañana y que se extendía durante algo más de 2 horas.

Los tres ingresaron en prisión provisional el pasado 16 de octubre por orden de la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Forn está recluido en la prisión de Estremera y los ‘Jordis’ en Soto del Real.

En diciembre, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, les tomaba declaración junto a Oriol Junqueras y los 6 exconsellers que hasta entonces permanecían en prisión. El juez fijaba entonces libertad bajo fianza de 100.000 euros para Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carles Mundó, Raül Romeva y Meritxell Borràs. Sin embargo, mantenía la prisión para Junqueras, Forn y ‘los Jordis’.

En su auto, el magistrado Llarena destacaba que existía “riesgo de reiteración delictiva” por parte de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart. El juez entendía que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”.

En ese sentido, recordaba varias actuaciones violentas como el “asedio” por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consellería catalana de Economía en Barcelona.