Una ex senadora de Podemos pide al juez de ‘Neurona’ reabrir la investigación de los sobresueldos

La ex senadora de Podemos Celia Cánovas, que ejerce de acusación particular en el llamado caso Neurona, ha solicitado al juez Juan José Escalonilla que reabra la investigación acerca de los complementos salariales que la gerente y el tesorero, Rocío Val y Daniel de Frutos, habrían aprobado para ellos y para «empleados afines», insistiendo en que incurrieron en un delito de administración desleal, aunque ha acusado de «corrupción» a toda la cúpula ‘morada’ y ha pedido citar como investigada a Ione Belarra.

Cánovas ha presentado un recurso de reforma y otro subsidiario de apelación contra el auto del pasado 11 de marzo en el que Escalonilla decidió cerrar la parte de la investigación relativa a la supuesta existencia de sobresueldos irregulares al dar por acreditado que el Consejo de Coordinación conocía las retribuciones adicionales y por ello no cabe hablar de administración desleal.

En un escrito de 19 de marzo, al que ha tenido acceso EP, Cánovas ha reclamado al juez instructor que continúe con las pesquisas sobre Neurona aduciendo que «la gerente se atribuyó unas competencias que no le correspondían según los Estatutos y según el Plan de Cumplimiento Normativo de Podemos». Según la ex senadora, las tablas salariales vigentes eran las de 2017 y solo podían modificarse con otras nuevas del Consejo de Coordinación o vía presupuestos, dos cosas que no habrían ocurrido.

Cánovas ha llamado la atención sobre el hecho de que en 2019 sólo se habría aportado un presupuesto parcial correspondiente al primer cuatrimestre que no sería válido porque las normas internas exigirían unas cuentas anuales, haciendo hincapié en que dicho presupuesto requería «prudencia y contención del gasto» de cara a la campaña electoral de ese año, «no su incremento arbitrario mediante subidas salariales».

Además la ex senadora, ha alertado de que Val y De Frutos no solo habrían aprobado los complementos por coordinación (210 euros mensuales) y por coordinación ejecutiva (400 euros), sino que habría casi una decena de complementos «totalmente arbitrarios» que habrían sido creados unilateralmente por ellos, destacando en concreto los pluses de implementación de imagen corporativa y de responsabilidad personal por comunicación, dotados con 300 euros cada uno.

En su opinión, «la gravedad es mucho mayor» si se tiene en cuenta que el aumento salarial se hizo sin conocer los resultados de las urnas y, por tanto, sin saber en qué situación económica estaría Podemos tras la cita electoral; que no se quedó solo en ellos dos, sino que habrían sido varios pluses repartidos entre «empleados afines»; y que habría ocurrido justo cuando se pedía «contención salarial» y «se producían despidos para reducir gastos laboral».

«Por lo tanto, la conducta de la gerente, Rocío Val, en coordinación con el tesorero, Daniel de Frutos, ambos beneficiados por esa subida salarial irregular, encaja en el tipo penal de la administración desleal del patrimonio del partido Podemos», ha afirmado Cánovas.

La ex senadora sospecha que «algunos responsables de Podemos han podido estar utilizando los importes que corresponderían a puestos de trabajo no cubiertos de forma efectiva pero presupuestados previamente, para subir el sueldo al resto del personal del equipo mediante complementos creados al margen de las tablas salariales, aprovechando estos importes ‘ahorrados’ al no cubrir los puestos de trabajos aprobados para el equipo en cuestión».

Pide citar como imputada a Ione Belarra

Cánovas ha solicitado también al juez que cite como investigada en Neurona a Ione Belarra, actual secretaria de Estado para la Agenda 2030 que ha sido propuesta por el líder ‘morado’, Pablo Iglesias, como su sustituta al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por ser la secretaria de Coordinación Ejecutiva del Secretariado de Podemos que en 2019 firmó los certificados de los acuerdos que obran en las actuaciones referidas a los supuestos sobresueldos.

También ha propuesto las declaraciones como investigado de Maguire y como testigo del ex gerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón, que fue quien propuso las tablas salariales de 2017.

El instructor investiga en esta causa la presunta financiación irregular de Podemos, con la lupa puesta en el contrato firmado por el partido y Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales de 2019.