Los ex presidentes del Parlamento andaluz niegan que se engañara a los diputados con los ERE

Los ex presidentes del Parlamento andaluz Manuel Gracia, Javier Torres Vela y Fuensanta Coves han afirmado hoy en el juicio del Caso ERE que los diputados tenían información suficiente sobre la partida presupuestaria destinada a las ayudas fraudulentas y rechazan que fueran «engañados» respecto a su gestión y pago.

Los tres han testificado en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz -entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener, según la Fiscalía, un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolabores y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles.

Gracia, que presidió la Cámara entre el 2012 y el 2015, ha asegurado que los parlamentarios «sabían perfectamente que la finalidad del programa eran ayudas a empresas en crisis para el mantenimiento del empleo».

Las ayudas eran concedidas por la Dirección General de Trabajo y pagadas por el ente público IFA (luego IDEA) con fondos que la Consejería de Empleo le remitía mediante transferencias de financiación, una herramienta cuyo uso la Intervención alertó de que era «inadecuada» al estar destinada a equilibrar pérdidas y ganancias de los entes instrumentales.

Sin embargo, para Gracia, «es absolutamente evidente que la voluntad del Parlamento de Andalucía era la de que esa financiación era para ayudas sociolaborales, en modo alguno para equilibrar pérdidas y ganancias del IFA» y considera que todos los diputados eran «plenamente conscientes» de ello cuando votaban el Presupuesto.

«No fueron engañados, la prueba es que enmendaban esa partida presupuestaria para incrementarla», ha alegado.

A preguntas del fiscal, Gracia ha admitido que no conoció el convenio de 2001 que implantó el sistema ni que con éste las ayudas carecían de fiscalización previa, pero ha defendido que «no hay una definición jurídica de las transferencias de financiación» y que, a su juicio, cuando en la Ley de Presupuestos aparece que se destinan a ayudas sociolaborales «está modificando el estatus legal».

A preguntas del PP-A y de varias defensas ha insistido en que «no existe una regulación permanente de las transferencias de financiación y que «no se establecía un destino único» ni «hay ningún obstáculo legal para que estas transferencias de financiación concretamente puedan ser finalistas».

El letrado del PP-A, Luis García Navarro, le ha preguntado si podían consejeros de Hacienda como Griñán y Magdalena Álvarez -acusados en el juicio- tener menos conocimiento de una partida presupuestaria que los parlamentarios y Gracia ha dicho que no.

Por su parte, el que fuera presidente del Parlamento del 1996 al 2004, Javier Torres Vela, ha coincidido en que los parlamentarios «tenían todos los instrumentos a su alcance para votar de forma consciente».

Sin posibilidad de engaño

«No interpreto yo que hubiese posibilidad de ser engañado. Que 109 diputados a los que atribuyo una enorme responsabilidad como representantes del pueblo andaluz fuesen engañados lo considero difícil», ha insistido.

No obstante, a preguntas del fiscal sobre su conocimiento de cómo se articulaba esa línea de ayudas, ha respondido que conocía las situaciones de crisis empresariales «pero no tenia conocimiento del mecanismo de ejecución».

La que fuera presidenta del Parlamento del 2008 al 2012, Fuensanta Coves, ha admitido que no conoció cómo se articulaban las ayudas de los ERE porque «la presidenta del Parlamento no entra a debatir un programa puntual».

A preguntas de la defensa del ex consejero Fernández ha subrayado que «nunca nadie me hizo llegar ningún problema, duda o alusión» respecto al programa presupuestario de esas ayudas que aparecían en los Presupuestos, una ley «ampliamente debatida» que «debo entender que ha sido visada por todos los diputados».

También ha subrayado que ni la Cámara de Cuentas ni la Oficina de Control Presupuestario ni los Letrados del Parlamento hicieron llegar «ni siquiera alusión a algún proceso irregular que afectara a ninguna partida».