El ex fiscal Gordillo: «No hay conspiración contra el Gobierno, sólo una juez que quiere conocer la verdad»

Ignacio Gordillo (Madrid, 1950), histórico fiscal de la Audiencia Nacional en la que ejerció durante más de 30 años, critica con dureza las polémicas decisiones sobre la cúpula de la Guardia Civil del que fuera su compañero en el órgano judicial, el ex magistrado Fernando Grande-Marlaska. «No hay ninguna conspiración contra el Gobierno, sólo una juez que quiere conocer la verdad», afirma.

PREGUNTA: Está siendo usted muy crítico con las destituciones del ministro del Interior y ex magistrado Marlaska ¿por qué?

RESPUESTA: Cuando una persona del prestigio del coronel Diego Pérez de los Cobos es destituido inmediatamente después de que en el ejercicio de sus funciones como policía judicial, entregue a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid un informe en el que está implicado el delegado del Gobierno en Madrid, no se trata de estar en contra del ex magistrado Grande-Marlaska o del actual ministro del Interior, sino del lado del Estado de Derecho.

P: ¿Qué es lo que más le ha escandalizado?

R: Es un escándalo que la Guardia Civil sea desacreditada por atreverse a realizar un informe tan amplio y extenso como el que se ha conocido, para contestar a la pregunta que le ha hecho la juez: si se conocía, antes del 8-M, el riesgo real que suponía la epidemia del coronavirus. La magistrada quiere saber cuál era la situación en el comienzo de la crisis sanitaria, incluso antes de que se declarase el estado de alarma.

Que dos funcionarios -un capitán y un teniente de la Guardia Civil- lleguen a la conclusión de que se conocía el peligro de contagio y aún así se permitiesen las manifestaciones del Día de la Mujer, sin tomar las precauciones que la OMS hizo para esas concentraciones, y se atrevan a informarlo no puede ser motivo para desprestigiar su labor.

P: Es decir… ¿ha intentado interferir el Gobierno en un proceso judicial?

R: Espero que no. La separación de poderes, además de en la Constitución, debe ser auténtica. Me preocupa que el Gobierno, a través del ministro del Interior, cese a un funcionario porque se haya atrevido a entregar un informe desfavorable.

También me preocupa que la Abogacía del Estado se haya convertido en la abogada defensora del delegado del Gobierno. La Abogacía del Estado tiene otras funciones y no ha de ser usada para que pueda interferirse por parte del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.

P: El delegado del Gobierno está siendo investigado por una prevaricación por omisión imprudente, ¿cuál será la clave del proceso judicial?

R: El atestado de la Guardia Civil dice que el delito por el que se investiga al delegado del Gobierno en Madrid es el de prevaricación: tomar una decisión, una resolución arbitraria e injusta que, en este caso, se basa en un no hacer, no haber impedido esas manifestaciones del 8-M. Si como consecuencia de esa no actuación hubiese unas lesiones imprudentes, como el contagio de varias personas, estaríamos ante un segundo delito, pero es complicado acreditar ese nexo causal.

«Que la Guardia Civil concluya que se conocía el peligro de contagio y aún así se permitiesen las manifestaciones, sin tomar las precauciones que la OMS hizo para esas concentraciones, y se atrevan a informarlo no puede ser motivo para desprestigiar su labor»

P: Las pruebas se están revelando complicadas…

R: Las pruebas se están recopilando para el juicio. Antes, que es lo que se está haciendo ahora, toca investigar por parte de la propia juez. Cada parte también presentará sus pruebas y es importante que lo hagan bien y con todas las garantías. Por ello, la juez ha decidido aplazar la declaración del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, inicialmente prevista para el día 5 de junio.

P: ¿Cómo valora el papel del Ministerio Fiscal?

R: El Ministerio Fiscal, por el momento, casi no ha intervenido. Pero tendrá que tomar una postura en la investigación y pronunciarse sobre la petición de archivo de la Abogacía del Estado. Lo que debe quedar muy claro es que no estamos ante una ‘causa general’ de la juez contra el Gobierno, estamos ante unos hechos muy concretos y unas fechas muy concretas, el 8-M. La magistrada trata de conocer la verdad, y saber qué habría pasado si se hubieran evitado y si al hacerlo el número de contagiados y fallecidos habría sido mucho menor. Seguramente.

P: La Abogacía del Estado se opone a investigar e insinúa una conspiración…

R: Si la Abogacía del Estado quiere pensar eso… Aquí lo único que hay es la actuación de una juez que quiere saber la verdad de lo que ha ocurrido y quién es o quiénes son los responsables de ello. No hay ninguna conspiración. La labor de la Abogacía del Estado debería pasar por estar del lado de la investigación y ser constante en hacerlo.

P: Al igual que el informe de la Guardia Civil, también se ha conocido el escrito con la posición de la Abogacía. ¿Cómo lograr que no se produzcan filtraciones?

R: Es una gran tarea y una gran responsabilidad la investigación de los procesos penales. Especialmente cuando hoy acaba todo en los medios de comunicación y todos conocemos cuestiones judiciales que deberían ser secretas para no perjudicar los avances de la instrucción. No podemos estar a favor de las filtraciones interesadas de una parte para desprestigiar la labor policial.

«La labor de la Abogacía del Estado debería pasar por estar del lado de la investigación y ser constante en hacerlo»

P: La juez encargada del caso ha sido tajante en sus resoluciones…

R: La juez ha sido muy clara y en el último de sus autos ha advertido de las posibles consecuencias, incluso penales, para quienes revelen el resultado de las investigaciones que se están llevando a cabo en su juzgado. Es labor de todos trabajar porque las filtraciones no existan para no obstaculizar la labor de la Justicia.

P: ¿Cree que podrían imputarse responsabilidades penales por el mismo motivo a otros miembros del Gobierno como el ministro de Sanidad, Salvador Illa o el propio Fernando Simón?

R: Todavía estamos en una fase muy inicial de esta investigación y en un momento en el que hay varias denuncias presentadas por los mismos motivos, incluso, contra los miembros del Gobierno, el ministro de Sanidad, el presidente o el máximo responsable técnico de la pandemia, Fernando Simón. Tendrán que ser los jueces quienes decidan si a sus comportamientos deben aplicarse tipos delictivos y sus correspondientes responsabilidades.

P: ¿En qué sentido estima que avanzarán las pesquisas para determinarlo?

R: Los españoles estamos esperando conocer realmente, por ejemplo, el número total de muertes y cuántas de ellas son consecuencia del coronavirus. Es algo complejo porque por cuestiones de seguridad se han evitado las autopsias a muchos de los fallecidos… En ese sentido deberíamos avanzar.