El ex consejero de Empleo señala a Javier Guerrero en el ‘caso ERE’: «Decidía con absoluta libertad»

El ex consejero y ex viceconsejero de Empleo Antonio Fernández ha señalado que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal acusado en el ‘caso ERE’, tenía «la suficiente libertad, responsabilidad y autonomía» para saber cómo hacer su trabajo en relación a la gestión de las ayudas sociolaborales y a empresas investigadas en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Así lo ha expuesto Fernández este martes, durante la trigésima sesión de juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el se concedían las citadas ayudas. El ex consejero, para quien el Ministerio Público pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha afirmado, a preguntas del fiscal, que Guerrero no le consultó ni pidió el visto bueno para algunas ayudas o en lo referente a su cuantía, decisión de la Dirección General de Trabajo, asegurando que las cuantías de las mismas «las decidía Guerrero sobre la marcha».

Durante su etapa al frente de la Consejería, a partir de 2004, Guerrero «trabajaba con absoluta libertad, responsabilidad y discrecionalidad» en la gestión de las ayudas sociolaborales y a empresas dadas en virtud del convenio marco de julio de 2001 entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), por el que éste pagaba las ayudas concedidas por la Consejería en base a las transferencias de financiación con cargo al programa presupuestario 31L que el departamento de Empleo hacía al ente instrumental. Mientras, el viceconsejero y el secretario general técnico «no intervenían» en la gestión de éstas, según Fernández.

En este sentido, ha asegurado que «nunca ha oído a José Antonio Viera», consejero de Empleo en su etapa como viceconsejero, «dar instrucciones de cuánto» había que dar en ayudas «a quién», así como «nunca he dado una orden a Guerrero para conceder una ayuda o subvención», ha confesado.

Quien fuera viceconsejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 24 de abril de 2004 y posteriormente consejero del ramo hasta marzo de 2010, como ya hiciera este lunes, ha precisado que la legislación para la gestión de las subvenciones y ayudas públicas se contempla en la Ley de Presupuestos y en decreto 245/2001 de 20 de noviembre que recogía el reglamento de subvenciones y ayudas públicas, además de la supletoria Orden Ministerial de 1995 de ayudas extraordinarias, aunque ha admitido que no había una norma reguladora específica que reunía los requisitos como empresario o trabajador para ser beneficiario.

Fernández ha explicado que entre los requisitos para recibir las ayudas sociolaborales estaban ser un trabajador afectado por un procesión de reconversión y sin ocupación, con difícil reinserción en el mundo laboral o mayor de 55 años.

Intervención de las aseguradoras

Sobre la intervención de las compañías aseguradoras en la gestión de las ayudas, Fernández ha señalado que en las ayudas públicas excepcionales e individuales, «visto el fracaso de las subvenciones anteriores no vinculadas a pólizas», el beneficiario tenía que firmar su póliza con los otros trabajadores de la misma empresa afectados por el proceso de reconversión, «colectivizando el fondo».

«La elección de la compañía era ajena a Empleo», ha matizado, añadiendo que la Junta pagaba la ayuda al trabajador, quien cedía el derecho del cobro de la misma a la entidad aseguradora, que garantizaba el pago hasta la edad de la jubilación ordinaria, cuando ya cobrarían la prestación de la Seguridad Social.

La ayuda al trabajador, según Fernández, recogía el dinero a percibir (entre 1.100 y 1.300 euros) y el coste de la cuota a la Seguridad Social, un 20%, lo que ha supuesto «unos 200 millones a la Seguridad Social en concepto de cuota por convenio especial».

Fernández, que ha declarado que «nunca fue informado ni conoció que se dieran rentas vitalicias» con cargo al 31L, ha defendido las ayudas a ayuntamientos para ferias artesanales, como la dada a Chiclana de la Frontera (Cádiz) —siendo alcalde el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios—, para hacerlas «viables» y por «interés público» y las enmarca dentro de las competencias en materia de comercio de la Consejería cuando era viceconsejero. Siendo consejero de Empleo, ya sin competencias en comercio, «no se dieron nuevas ayudas» en este ámbito.

Como dijera este lunes, Fernández ha insistido en que «no ojeaba los convenios particulares de ayudas, no lo estudiaba con intensidad, pues en 2001 mi actividad no era atender este programa [el 31L], que no era el más importante». Precisamente ha afirmado que «no ordenó ni consintió» pagos para campañas de publicidad, al Servicio de Emergencias 112 o a despachos de abogados con cargo al 31L.

Reuniones con Chaves

Tras el visionado de varios documentos entre los que se reflejaba una reunión en mayo de 2004 por la situación de A Novo Comlink con la presencia del ex presidente Manuel Chaves, Fernández, los ex líderes sindicales Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, el ex consejero ha explicado que con Chaves «se abordaba» la problemática pero «normalmente no se cierra con el presidente los compromisos de ayuda». También pudo existir «posibles» reuniones con Chaves por Delphi.

«No he recibido en mis manos peticiones de empresarios por compromisos de la Dirección General de Trabajo, si se ha recibido ha sido en mi gabinete», ha comentado Fernández, quien ha señalado que su jefe de Gabinete, persona de su máxima confianza, «muy posiblemente decidía» qué es lo que tenía que despachar el consejero y discernía que documentos pasarle o no.

El 31L, «programa de Guerrero»

A continuación, Fernández, que ha reconocido haberse reunido con el abogado Carlos Leal Bonmati, del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís e investigado en los ERE, aunque ha afirmado que no conocía el papel del abogado en el expediente de la Faja Píritica. En este punto, el fiscal ha mostrado una carta de Fernández al ex director general de IFA Francisco Mencía (fallecido en diciembre de 2015), en la que, dirigiéndose a él como «estimado Paco», le informaba que Leal, representante de la Asociación de trabajadores de Faja Pirítica, había trasladado el impago de las ayudas concedidas y le remite la información a Mencía para que las pague con cargo «al programa de Javier Guerrero», el 31L.

Fernández, por último y antes de pedir, a través de su defensa, suspender la sesión por estar «bastante castigado» con la voz, ha admitido que IFA contrató asesoría jurídica externa por la necesidad de contar «con los mejores» en derecho mercantil y europeo por «necesidad del problema» a abordar, en concreto, el despacho Garrigues y al bufete Olivencia-Ballester. «No pedimos opinión al gabinete de la Junta porque era temas específicos», ha concluido.