Eulalia Lázaro, primera directora investigada por abrir colegios el 1-O y desobedecer al juez

Se llama Eulalia Lázaro, y es la primera directora de colegio que está siendo investigada (en lo que siempre se ha conocido con la figura jurídica de   ‘imputada’) por permitir que se utilizasen las instalaciones del centro que dirige para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Se enfrenta a un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El titular del juzgado de instrucción 2 de Sabadell (Barcelona) ha identificado a Lázaro, como la responsable del colegio Pere Calders de la localidad de Poliñá (Barcelona). Y la está investigando por su actuación entre los días 27 de septiembre y 1 de octubre. La imputada, que tendrá que declarar ante el juez, es directora desde 2010 y ha participado en másters y seminarios del Departamento de Enseñanza de la Generalitat y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

La exconsejera fugada intentó blindarles

El juez se enfrenta a una dificultad: la Consejería de Educación, que entonces lideraba la hoy prófuga Clara Ponsatí, se cuidó de  intentar descargar de responsabilidades a los directores de colegios e institutos públicos en la consulta del 1-O. La ‘exconsellera’ les envió una carta revocando sus funciones entre el 29 de septiembre y las 07:00 horas del 2 de octubre y asumió la dirección de los centros para evitarles consecuencias.

Ese es precisamente el argumento al que se agarran sindicatos como CCOO, cuya Federación de Enseñanza ha salido en defensa tanto de ‘Laia’ Lázaro como de otros directores de colegios e institutos que puedan ser investigados en lo que entiende como «una nueva actuación en contra de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Cataluña». El sindicato equipara la actuación de la Justicia  a las denuncias por adoctrinamiento que «han puesto en duda la profesionalidad de los docentes catalanes».

La directora y tres mandos de Mossos

Maestros y directores  a los que la exconsejera de Educación, la fugada Clara Ponsatí, arengaba desde Bruselas este jueves con un tuit en el que además de afirmar que Bruselas estaba «a rebosar de maestros catalanes», advertía: «la escuela catalana superará con la máxima nota el test de estrés del 155».

La declaración de dos de los agentes de la policía catalana destinados a ese colegio (declararon ante el juez que la cúpula «les dejó vendidos») ha llevado a la imputación del inspector y el subinspector responsables de la Sala Regional del Complejo Central Egara (ubicado en Sabadell) y del jefe de la comisaría de Santa Perpetua de Moguda.