El etarra que asesinó al fiscal Portero, condenado a más de 2.000 años por varios atentados, también sale de la cárcel

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 21/05/2026 13:54
  • Actualizado: 21/05/2026 14:59

El etarra Juan Antonio Olarra Guridi, ex jefe de ETA que ordenó el asesinato del fiscal Luis Portero y está condenado a más de 2.000 años de cárcel por varios atentados, también ha logrado salir de la cárcel sin arrepentimiento. El Gobierno vasco le ha concedido el tercer grado. Una decisión que las víctimas tildan de «fraudulenta» y exigen la dimisión de la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José.

Este etarra fue sentenciado a 1.253 años de prisión por un atentado en diciembre de 1995 en el distrito madrileño de Vallecas, en el que murieron seis personas. Además, fue condenado a 30 años de prisión por ordenar a los miembros del comando Andalucía de ETA Harriet Iragi y Jon Igor Solana el asesinato de que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, cometido el 9 de octubre de 2000 en Granada.

Asimismo, fue penado a otros 1.000 años de cárcel por el atentado con coche-bomba contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera en la calle de Corazón de María, de Madrid, el 6 de noviembre de 2001, que causó 95 heridos. Y se suma otra condena de 34 años de cárcel por haber ordenado el asesinato a tiros del médico y militar Antonio Muñoz Cariñanos, perpetrado en octubre del año 2000 en su consulta de Sevilla.

Pese a esos más de 2.000 años de condenas tenía una pena de cumplimiento de 30 años de prisión, cuyo fin está previsto para 2036.

Además de esa libertad, el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado al etarra Xabier Zabalo Beitia, condenado a 25 años de prisión por delitos terroristas, entre ellos estragos, lesiones, tenencia de armas con fines terroristas y depósito de explosivos con finalidad terrorista. Ya se lo había concedido anteriormente, pero la decisión fue revocada.

Amnistía encubierta

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este jueves que el Gobierno vasco «vuelve a conceder beneficios penitenciarios a presos de
ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación de la izquierda abertzale».

Por ello, ha exigido la dimisión de la consejera de Justicia vasca por una política penitenciaria que «ha quedado completamente desautorizada por la
Audiencia Nacional» y es «un insulto a las víctimas». «Una consejera que, en lugar de velar por el derecho a la justicia de las víctimas, se dedica a privilegiar a los presos de ETA siguiendo la hoja de ruta de la izquierda abertzale, no merece ocupar ese cargo»,  sentencia Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.

Además, reclama la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra estos dos nuevos terceros grados y «actúe con firmeza» para frenar esta política penitenciaria fraudulenta. Las víctimas no pueden personarse en la fase de ejecución de las condenas, por lo que la Fiscalía es la única institución con capacidad efectiva para impugnar estas decisiones.

Para Covite, estas dos nuevas concesiones constituyen «un nuevo episodio de la amnistía encubierta» que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA. Así, denuncia, una vez más, que el Gobierno vasco está utilizando los terceros grados y los artículos 100.2 del Reglamento Penitenciario como instrumentos para acelerar la semilibertad de los presos de ETA «sin exigirles un arrepentimiento sincero ni una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo, justificó y todavía hoy legitima el terrorismo de ETA».

Vaciar las cárceles de etarras

«Lo que estamos viendo es una política deliberada de vaciar las cárceles de presos de ETA. Y hacerlo, además, siguiendo las instrucciones de Sortu, tal y como ellos siempre han exigido en este contexto de final de ETA negociado que vivimos: sin pedirles un verdadero arrepentimiento y sin respetar el derecho a la Justicia de las víctimas», declara indignada la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, señalando que «la máxima responsable de esta política penitenciaria es la consejera María Jesús San José, quiendebe dimitir».

Covite considera especialmente grave el caso del etarra Olarra Guridi, «condenado por delitos de extrema gravedad, entre ellos asesinatos, atentados, estragos, lesiones, tenencia de explosivos e integración en banda armada».

Además, recuerda que este etarra ya disfrutaba desde julio de 2025 de un artículo 100.2, una vía excepcional de flexibilización penitenciaria que «el Gobierno vasco ha convertido en la práctica en una antesala del tercer grado para presos de ETA que no cumplen con la legalidad para acceder al tercer grado».

Ordóñez destaca, además, que Olarra Guridi sigue siendo reivindicado públicamente por el entorno de la izquierda abertzale. En este sentido, indica que en su barrio de San Sebastián ha sido exhibido como preso político en actos organizados para reclamar su excarcelación.

«¿Dónde está la desvinculación pública de la izquierda abertzale si el preso sigue siendo presentado como un referente por ese entorno y no consta que haya rechazado públicamente esos actos de apoyo ni pedido que cesen?», se pregunta.

Del caso de Zabalo Beitia, recuerda que tras habérsele revocado el anterior tercer grado, SARE, Sortu y el entorno político de la izquierda abertzale promovieron una manifestación en su localidad para protestar por aquella decisión judicial. «Esa movilización no es un dato menor. Es la prueba de que estos presos siguen insertos en una red política y social que los reivindica como héroes y que sigue presentando sus condenas como un problema político, no como la consecuencia de rendir cuentas ante la Justicia por sus crímenes terroristas gravísimos», afirma Ordóñez.

Desautorización judicial al Gobierno vasco

Covite enmarca estas dos nuevas concesiones en un contexto de «creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco.»

En las últimas semanas, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha dejado sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, Anboto’ y Juan Ramón Carasatorre Aldaz, en unos autos que, a juicio de Covite, c»onfirman exactamente lo que la asociación viene denunciando desde hace años: que el Ejecutivo vasco está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA sin cumplir de verdad los requisitos legales».

En el caso de Carasatorre, el juez llegó a constatar que ni siquiera existía el preceptivo plan específico de ejecución tratamental, requisito esencial para aplicar el artículo 100.2. Además, la resolución judicial señaló que se había alterado el procedimiento legalmente previsto, al adoptarse la decisión sin que constara una propuesta previa de la Junta de Tratamiento ni el correspondiente programa específico.

Para Covite, aquello fue «una actuación administrativa extremadamente grave» que puso de manifiesto hasta qué punto el Gobierno vasco está dispuesto a utilizar vías excepcionales como atajos hacia la semilibertad.

Además, esta semana el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha desestimado el recurso presentado por Carasatorre por la revocación de su 100.2, lo que supuso otro varapalo judicial a la política penitenciaria del Gobierno vasco.

Fraude de las cartas 

Covite advierte, además,  que esta política se sostiene sobre el fraude de las cartas privadas de supuesto arrepentimiento. El Colectivo recuerda que los recientes autos del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, han confirmado el carácter instrumental de estos escritos, redactados en algunos casos inmediatamente antes de la concesión de privilegios penitenciarios.

Covite recuerda que la propia Audiencia Nacional ya dejó claro en 2023, al revocar el tercer grado del etarra Xabier Atristain, que estas cartas con manifestaciones genéricas de rechazo de la violencia o reconocimiento del daño no tienen valor real mientras no vayan acompañadas de «signos inequívocos de desvinculación», tal y como afirmó la propia Audiencia Nacional en su auto.