Estrasburgo admite una demanda por el retraso del Constitucional con la ley del aborto

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite una demanda contra el Tribunal Constitucional español por la «injustificable» demora a la hora de emitir sentencia sobre el recurso contra la Ley del aborto, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

La demanda que ya estudia Estrasburgo, y que fue presentada el pasado 16 de junio de 2021 por una veintena de diputados y exdiputados, considera que no hay causa justificada para que este recurso no se haya resuelto ya, tras casi 12 años en el Alto Tribunal y después de haberle dado carácter prioritario.  En concreto, los demandantes aducen que el Constitucional podría haber incurrido en la violación del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que garantiza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los firmantes del escrito celebran que el TEDH ejerza sus funciones de amparo y vaya a examinar la demanda. «El Tribunal Constitucional tiene que emitir sentencia, es para él una exigencia de obligado cumplimiento. Reclamamos justicia, con independencia de que la resolución sea favorable o no, porque es incomprensible que se hayan emitido más de 2.100 sentencias de recursos presentados después y, a día de hoy, sigamos sin saber si la Ley del aborto es inconstitucional o no para los jueces», ha señalado José Eugenio Azpiroz, ex diputado en el Congreso por Guipúzcoa y firmante del recurso.

12 años de retraso

La Ley del aborto fue aprobada en el año 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En junio de ese mismo año, fue recurrida ante el Constitucional por el Partido Popular. Desde entonces, el asunto ha sido asignado hasta a tres ponentes. El primero de ellos, la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, favorable a interrumpir la gestación de forma voluntaria en las primeras 14 semana. El segundo, el conservador Andrés Ollero, que salió del tribunal en la última renovación y que proponía declararla inconstitucional. Ahora el asunto está en manos de Enrique Arnaldo, quien, según todo apunta, deberá pronunciarse antes de que finalice el año.