ERC y PDeCAT amañaron concursos públicos en el ‘caso Manga’ que salpica al hermano de Junqueras

Es una de las mentiras más repetidas del «proceso»: los dirigentes de ERC suelen repetir que no han tenido ni un sólo caso de corrupción en «86 años de historia». Por supuesto, es mentira. Varios ex cargos públicos de ERC están implicado en el «caso Manga», que también puede llevarse por delante al hermano del líder del partido, Oriol Junqueras.

Tirando del hilo de la «Operación Pokemon» –en la que está imputado el ex alcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa, entre otros políticos–, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, destapó una red de contratos amañados en la que participaron cargos públicos del PDeCAT y ERC en la provincia de Gerona.

La juez De Lara dictó el pasado mes de marzo una interlocutoria por la que se inhibe de esta pieza, denominada «caso Manga», a favor de un Juzgado de Santa Coloma de Farners (Gerona). Entre los imputados se encuentra el ex secretario nacional de Organización de ERC Josep Carrapiço, que se vio obligado a dimitir por esta causa.

Durante la fase de instrucción, la juez también ha investigado al hermano de Oriol Junqueras (Roger Junqueras Vies) como «cooperador necesario» en la trama de corrupción, a la ex consellera de Educación Irene Rigau (PDeCAT), al ex conseller de Interior Felip Puig y al ex consejero comarcal de ERC en Selva Jordi Orobitg. Corresponderá al juez de Santa Coloma, en todo caso, decidir si estos cuatro políticos deben ser imputados.

El «bosque de brujas y bandoleros»

De acuerdo con el sumario, cargos públicos del PDeCAT y ERC amañaron concursos para favorecer a la consultora GRS Arc Local, cuyos responsables, Àlex Ros y Josep Maria Franch, fueron detenidos en febrero de 2013 junto al entonces alcalde del municipio de Sant Hilari Sacalm (Gerona), el convergente Robert Fauria. La juez instructora sostiene que esta empresa pagó la impresión de calendarios publicitarios de CiU para apoyar la candidatura de Fauria a la Alcaldía, a cambio de la adjudicación de contratos públicos, entre otros favores.

La magistrada considera que el hermano de Oriol Junqueras (ERC), Roger Junqueras, actuó como «cooperador necesario» para que el Consejo Comarcal de Selva, que presidía el mismo Robert Fauria, adjudicara de forma irregular un contrato negociado y sin publicidad de 40.000 euros para poner en marcha un proyecto de rutas turísticas denominado «Bosques de brujas y bandoleros». Roger Junqueras era en aquel momento delegado en Cataluña de Cespa Jardinería, una de las contratistas más favorecidas por los ayuntamientos gobernados por ERC y el PDeCAT.

El Servicio de Vigilancia Aduanera (que investiga las operaciones de blanqueo de capitales, dentro de la Agencia Tributaria) pidió a la juez que imputara al ex conseller Felip Puig, por considerar que actuó de «conseguidor» para que Arc Local obtuviera otro contrato del Ayuntamiento de Moià (Barcelona). Como en el caso de Irene Rigau y Roger Junqueras, la decisión de imputar a Puig corresponderá al juez de Santa Coloma. Otro de los «conseguidores» de la consultora Arc Local sería Ramón Ramos, actual presidente del Patronato de Turismo de la Costa Brava.

El dinero de los comedores escolares

En la pieza principal del «caso Manga», están imputados la ex diputada del PDeCAT Natàlia Figueras y el ex consejero comarcal de ERC Jordi Orobitg. Ambos formaban parte de la mesa de contratación que adjudicó en junio de 2013 el servicio de comedor escolar de la comarca de Selva a la empresa Eurest por 29 millones de euros. De los pinchazos telefónicos se desprende que directivos de esta empresa estuvieron en estrecho contacto con los responsables del Consejo Comarcal de Selva para amañar las condiciones del contrato.

El sumario incluye una conversación telefónica intervenida, en la que el detenido Robert Fauria habla con la entonces consellera de Educación, Irene Rigau, sobre las condiciones en las que debía adjudicarse el concurso. Rigau ya ha sido condenada (junto a Artur Mas y Joana Ortega) a 18 meses de inhabilitación por organizar el referéndum ilegal de independencia del 9-N.

En el «caso Manga» también está imputada la ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arbúcies y ex secretaria de Organización de ERC en la comarca de Selva Carme Córdoba. Cuando sucedieron los hechos, trabajaba en GRS, la empresa encargada de gestionar la recaudación de tributos para el Consejo Comarcal de Selva.

Implican a un mando de los Mossos

Aprovechándose de este cargo, Córdoba accedió a las bases de datos oficiales para cancelar deudas de impuestos suyas, de su marido y de su familia. El entonces secretario nacional de Organización de ERC Josep Carrapiço conoció estos hechos y encubrió las irregularidades cometidas por su compañera de partido.

Según se desprende de los pinchazos telefónicos, Carrapiço emprendió su propia investigación interna y pidió a su hermano, que es un mando de los Mossos d’Esquadra, que obtuviera información sobre Carme Córboda en las bases de datos oficiales. Finalmente, Carrapiço logró que el empresario Àlex Ros colocara a la ex concejal de ERC en una de sus empresas, para tapar el escándalo.

Desde su sede radicada en Lloret de Mar (Gerona), la consultora Arc Local obtuvo luego contratos irregulares de otros ayuntamientos (como Sabadell, Santa Coloma de Gramanet y Pozuelo de Alarcón), pero también de las diputaciones provinciales de Valladolid, Burgos y Badajoz, según la instrucción de la juez De Lara. Así hasta alcanzar la cifra de más de 19 millones de euros en contratos públicos.