ERC exigió a Sánchez que la sentencia permita beneficios penitenciarios inmediatos para los golpistas

El magistrado Manuel Marchena ha tenido que lidiar en la sentencia del golpe separatista del 1-O con una fuerte presión externa. No sólo de los separatistas para no aplicar el tipo de rebelión, sino también, para que la resolución final deje las manos libres a PDeCAT o ERC para que puedan reducir desde Cataluña y hasta el ridículo el cumplimento efectivo de las penas impuestas.

Y, eso es lo que parece que van a lograr si hoy se confirma la sentencia del Tribunal Supremo en la que no se prohíbe, tal y como queda dentro del poder del Alto Tribunal, erradicar los beneficios penitenciarios hasta que los condenados no hayan cumplido la mitad de las penas impuestas.

La postura de impedir los beneficios penitenciarios hasta haber cumplido efectivamente la mitad de la pena impuesta a causa de la gravedad de los hechos probados había sido defendida hasta el final por la propia Fiscalía.

En su escrito final, los fiscales del Tribunal Supremo piden al Tribunal del 1-O que la sentencia incluya lo que técnicamente se denomina como la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal: «Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”.

En este caso, y tomando como ejemplo la pena prevista para Oriol Junqueras, sólo tras cumplir siete años -la mitad de su pena prevista de 14 años de privación de libertad-, deberían habérsele aplicado los beneficios penitenciarios. Pero eso hubiera sido en caso de haber aplicado el Supremo el artículo 36.2 del Código Penal. Al no haberlo hecho, los beneficios penitenciarios pueden aplicarse antes de esos 7 años de cárcel.

El Ministerio Público pidió este articulo para evitar que se repitiera la situación generada en el caso Oriol Pujol, al que la Generalitat de Quim Torra consiguió aplicar el tercer grado penitenciario, dos meses después de ser encarcelado por el caso de corrupción de las ITV.

Tal y como ha sido filtrada la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, la resolución y el texto final no exigen la aplicación de esta prohibición de dar beneficios penitenciarios hasta pasar la mirad del tiempo de condena en prisión.

De ese modo, salvo un giro de última hora, la Generalitat podrá repetir la escena del caso Oriol Pujol.

Y causalmente el redactado actual de la sentencia ha sido el defendido por PDeCAT y ERC en este punto concreto. Y lo ha sido así, hasta el punto de que ERC no ha dejado de exigir a Pedro Sánchez la erradicación en la sentencia del 36.2 del Código Penal. Lo ha hecho, además, en las negociaciones llevadas a cabo para garantizar los apoyos necesarios del socialista de cara a su investidura como presidente del Gobierno.