El embajador de Zapatero en Caracas acepta pena de cárcel por cobrar 4 millones de la petrolera chavista

El ex embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, ha aceptado este lunes la condena a 10 meses de prisión por la comisión del delito de fraude a la Hacienda Pública cometido entre 2013 y 2017 al ocultar las ganancias de 4,5 millones de euros que su hijo Alejo obtuvo de la petrolera estatal venezolana PDVSA. En la misma causa estaba acusada la mujer de su hijo, Ana Catarina Varandas, quien no ha llegado a un acuerdo con la acusación y, por tanto, el juicio continuará contra ella.

En un primer momento, la Fiscalía había solicitado tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para Alejo. Posteriormente, se modificó la solicitud de penas por dos motivos; primero, porque confesaron los hechos y, segundo, por reparación del daño. Y es que, ambos ingresaron 1.410.000 euros de la deuda que tenían con Hacienda.

Por esa razón, finalmente, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el sindicato Manos Limpias solicitaron una pena de 10 meses de cárcel contra Raúl Morodo y dos años para Alejo por dos delitos fiscales: por el IRPF del ejercicio 2013 y del 2014. Padre e hijo llegaron a un acuerdo de conformidad con las acusaciones.

«¿Se declara culpable de estos delitos y se conforma a cumplir las penas señaladas?», ha preguntado este lunes Alfonso Guevara, magistrado presidente del tribunal, a Raúl Morodo. «Sí, señor presidente», ha respondido el diplomático.

No fue así el caso de la esposa de Alejo Morodo. Ana Catarina Varandas se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción y Manos Limpias de ocho años de cárcel. La Abogacía del Estado sí retiró la acusación contra ella.

«Supuestos servicios de asesoramiento»

La Fiscalía Anticorrupción indicó en su escrito de acusación que Alejo habría realizado entre 2007 y 2015 una «actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional». Esta situación le habría generado «cuantiosas rentas», de acuerdo con el texto presentado por el Ministerio Público.

Según explica Anticorrupción, Alejo habría utilizado las «relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007, en los que ejerció el cargo de embajador de España». A raíz de ello, se habría puesto en marcha «una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014».

«Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades», asegura la Fiscalía.

Y según el Ministerio Público, en la «ejecución de esta ilícita actuación» también «participaron Ana Varandas y Raúl Morodo». Tal y como señala Anticorrupción, el diplomático «también ocultó a la Hacienda Pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades».