Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont, bloqueó el envío de información a la Justicia sobre el uso del FLA

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 02/02/2018 03:02
  • Actualizado: 08/02/2018 21:29

La mano derecha de Carles Puigdemont, Elsa Artadi, se ha dedicado a bloquear el envío de información a la Justicia sobre el uso del FLA y de otros fondos públicos. Ella ha sido la persona que, en condición de su cargo, ha contestado con evasivas y negativas al Juzgado dude Instrucción número 13 hasta que la Justicia se ha cansado y ha reclamado ya a los Ministerios de Economía y Hacienda que ordenen directamente el envío de los datos haciendo uso del 155.

Artadi ha sido, hasta la toma de posesión de su acta de diputada, la directora general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat. Ha abandonado ese cargo hasta el pasado 19 de enero. Y, gracias a ello, ha entorpecido el envío de los datos hasta hace una semana.

Artadi ha sido la jefa de campaña de JxCAT en las últimas elecciones catalanas del 21-D. Ha sido la controladora personal de Puigdemont para garantizar que el golpe avanzaba a buen ritmo, tal y como reflejan las grabaciones y pinchazos por la Guardia Civil y a disposición judicial. Ha sido la persona que ha diseñado la estrategia de fuga de Puigdemont para eludir a la Justicia.

La mano derecha del huido Puigdemont ha sido, en plena aplicación del artículo 155, la responsable de coordinar todos los departamentos en la Generalitat, con lo que era ella la que debía obtener los datos reclamados por la Justicia en la investigación del golpe en el que ella misma estaba, como avalan las pruebas recabadas por la policía judicial.

Con todo ello, el Juzgado de Instrucción ha acabado optando por reclamar al propio Gobierno que ordene el vaciado de los datos, porque, como recoge una providencia de la Justicia, “la respuesta remitida por el departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña al oficio de 30 de octubre de 2017” se ha limitado a una negativa porque, según afirman los responsables de la Generalitat, se ha confirmado el “desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto para la celebración del llamado referéndum, celebrado el pasado día 1 de octubre”.

Artadi coordinó el bloqueo al 155

Se trata de una de tantas respuestas. Todas ellas coordinadas por el departamento de Artadi, y que han pemitido que, a estas alturas, la parte más retrasada de la investigación sea la que tiene que confirmar hasta qué punto se han usado fondos públicos para pagar el referéndum ilegal y el golpe en general. Y, además, qué parte de esos fondos públicos proceden del FLA concedido por el Gobierno, desde 2012, como rescate a Cataluña ante su evidente quiebra económica.

La Benemérita, de hecho, ha trasladado ya oficialmente la acusación de ausencia de colaboración en la documentación remitida al Juzgado número 13 de Barcelona y dentro de un informe fechado el 20 de noviembre, es decir, durante el periodo en el que ya estaba en vigor el mecanismo de intervención del Gobierno central aprobado por el Senado y basado en el artículo 155 de la Constitución –entró en funcionamiento el 27 de octubre del pasado año–.

La acusación de la Guardia Civil no se basa sólo en el hecho de una evidente falta de colaboración con la Justicia, sino también en la confirmación de que el equipo administrativo de la Generalitat cuenta con “argucias” diseñadas para “impedir conocer la trazabilidad del dinero público”.

El documento de la Benemérita destaca en su argumentación que la Generalitat no está contestando “a los mandamientos” del juzgado. Pero añade que la policía judicial “tiene sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta” y que, además, para lograr estas evidencias, los agentes policiales “han tenido que realizar diversas y costosas gestiones para cuantificar el gasto y tratar de conocer el origen de los mismos y determinar si fue o no dinero público o de un tercero”, precisamente, por no haber contado con ninguna colaboración por parte de una administración autonómica que estaba ya en esas fechas bajo control del 155.