Educadores y vecinos de Gran Canaria se cansan de la violencia de los menas y se disparan las denuncias

Amine K. tiene 17 años, vive en el centro de menores Tindaya, de Gran Canaria, y el miércoles día 24 acabó detenido tras ser denunciado por las mismas personas que tienen encomendado cuidarlo. Pero todo tiene un límite, y en el último año la situación de convivencia entre menas y educadores ha tocado fondo, justo ahora, en noviembre de 2021, cuando hace exactamente un año llegaba el mayor número de inmigrantes ilegales a las costas canarias. Más de 8.000 personas provocaron la crisis que hizo internacionalmente famoso al pequeño muelle de Arguineguín. Actualmente, hay 2.500 menores tutelados en Canarias y al malestar de los trabajadores que los tutelan se suma también el de los vecinos de los centros de menores, que en los últimos días ya han salido a la calle para manifestarse por la situación que generan estos centros y sus residentes.

Y es que episodios como el que ha protagonizado Amine K. en Gran Canaria vienen repitiéndose una y otra vez en diferentes centros de acogida. Todo empezó como una discusión más entre educadores e interno, sobre las cinco de la tarde, cuando el menor regresó al centro y comenzó a discutir con uno de los educadores. La cosa pasó a mayores cuando el chico sacó un objeto punzante de entre su ropa y amenazó a uno de los trabajadores con él diciéndole que lo iba a matar. En ese instante otro de los educadores del centro interviene y entre ambos consiguen expulsar a la calle a Amine. Visiblemente alterado, el menor marroquí la tomó con uno de los coches del centro de menores, al que le rompió la luna trasera y abolló a patadas varias partes de la chapa. Todo esto ocurre en un centro en el que hace meses ya se vivió un violento incidente entre internos y educadores.

Ante esto, los educadores decidieron llamar a la Policía Nacional para que detuvieran a Amine. Y aquí es cuando se detectan los síntomas de agotamiento de los profesionales que cuidan a estos chicos. Los agentes podían llevarse a Amine detenido porque los daños sufridos por el coche superaban a simple vista los 400 euros, pero es que también se lo llevaron detenido por un delito de amenazas. Cuando los agentes preguntaron a los educadores por lo que había sucedido les tuvieron que ofrecer la opción de denunciar al chico, y uno de ellos, el que recibió las amenazas más graves, les dijo que sí, que lo denunciaría sin dudar porque no era la primera vez que los amenazaba y ya empezaban a sentir verdadero temor por su integridad. “Es un menor agresivo, ya hemos tenido varios altercados y nos hemos visto seriamente amenazados”.

Manifestaciones de vecinos y de menas

Este es el último de los acontecimientos protagonizados por menores no acompañados que en las últimas semanas se están viviendo en las islas, especialmente en Gran Canaria. Pero si la situación es complicada para los trabajadores de los centros de menores lo es aún peor para los vecinos que tienen sus casas de toda la vida al lado de estos centros de acogida. Para empezar, muchos de estos centros son recursos transformados por el Gobierno para ser usados como centros, no es que los vecinos estén acostumbrados a convivir con este tipo de instalaciones y los conflictos que generan. Y si no que se lo digan a los vecinos de Tafira, localidad grancanaria que lleva semanas reclamando mayor seguridad en sus calles por diferentes altercados protagonizados por menas que se encuentran atendidos en centros de la localidad.

En Tafira se habilitó uno de los llamados recursos de asistencia a inmigrantes en los terrenos de un chalé cuya gestión ostenta una de las organizaciones que debe ocuparse de los menores no acompañados. Los vecinos han tenido que crear un chat de mensajería instantánea para alertarse unos a otros de los incidentes provocados por residentes de ese centro y poder así reaccionar en una suerte de patrulla ciudadana, con los riesgos que eso conlleva para ellos mismos y para los propios menas en caso de producirse algún altercado grave.

Lo curioso es que esta reacción vecinal ha llegado después de que fueran los propios menas de Tafira los que se manifestaran por las calles del pueblo precisamente para exigir mejores condiciones en los centros en los que se encuentran atendidos. Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que las quejas vecinales se han disparado, que la sensación de inseguridad aumenta y que las denuncias también han aumentado. De hecho, en toda Gran Canaria, ha habido un aumento en los delitos relacionados con robos y hurtos desde 2020. Concretamente, los robos con violencia han aumentado un 21% según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior.

El Defensor del Pueblo lo avisó recientemente: Canarias no puede absorber la atención de tantos menores no acompañados y sería necesario aliviar las cifras en casi un millar de menas. Mientras eso no ocurra seguirá habiendo educadores amenazados, menores denunciados y vecinos preocupados.