Dos condenados por la masacre del 11-M investigados por instigar «frente de cárceles» yihadista

Dos de los condenados por los atentados del 11 de Marzo de 2004 en Madrid, Jamal Zougam y Hassan El Haski, están siendo investigados como pertenecientes al llamado «frente de cárceles» yihadista desmantelado este lunes vinculado con el DAESH, una suerte de red de captación y adoctrinamiento que, según los investigadores, lideraría Mohamed Achraf, entre los investigados también en esta operación y que se encuentra encarcelado en la prisión de Murcia (Campos del Río).

Achraf, uno de los cabecillas del «frente de cárceles», fue condenado a 14 años de prisión por un delito de pertenencia a un grupo terrorista en concepto de promotor y director en el marco de la Operación Nova, que en 2004 desmanteló una célula de la yihad, y debía salir de prisión el próximo 15 de octubre.

Se le detuvo por organizar una estructura similar en 2005 en el marco de dicha operación relacionada con Al Qaeda, según han informado a Europa Press fuentes próximas.

Achraf lideraba el núcleo duro de esta organización junto a otras tres personas, responsables de promover la captación para la yihad de presos comunes españoles y extranjeros, no siempre musulmanes, en 17 cárceles de todo el país.

Zougam, 42.922 años de cárcel

Zougam, condenado a 42.922 años de cárcel como autor de los 191 asesinatos del 11-M, ha pasado por varios presidios aunque en la actualidad se encuentra en la cárcel de Alicante, donde ha coincidido con El Haski, que fue condenado a 15 años de prisión por liderar la organización terrorista que atentó en Madrid.

En total, 23 personas han sido identificadas por su relación con esta red, incluyendo tanto a los cuatro dinamizadores como a personas que habrían sido captadas en el proceso de adoctrinamiento yihadista, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por Europa Press.

El Ministerio del Interior ha informado de que el proceso de adoctrinamiento se producía tanto cara a cara, mediante interacciones con otros presos, como estableciendo con ellos una «relación epistolar», cartas que forman parte de la documentación incautada a los presos por la Guardia Civil y que está siendo estudiada para su remisión al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

Recurrieron, además, a «vías alternativas», conforme explica Interior, como utilizar a presos comunes no sujetos a especial vigilancia para tratar de burlar así los sistemas de control de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, los mismos que detectaron y dieron la alerta de esta extensión de la radicalización.

El objetivo, además de aunar internos en la órbita del DAESH, era cohesionar en general a los reos por terrorismo para fraguar «el embrión» de lo que podría considerarse un ‘Frente de Cárceles’ yihadista.

No obstante, la Guardia Civil sospecha que podrían haber intentado ir más allá del proselitismo, como ya ocurrió en la prisión francesa de Osny en 2016, cuando un interno atacó a varios funcionarios de prisiones, o en la belga de Lieja este año, cuando un reo radicalizado asesinó a tres personas en un permiso penitenciario.