Dos arquitectos advierten de los riesgos de «seguridad y salubridad» en la exhumación de Franco

Ésta es una de las conclusiones fundamentales tras analizar, pormenorizadamente, el documento que la institución, dependiente de Presidencia del Gobierno, presentó al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 8 de noviembre de 2018, que recoge la exhumación de Franco. 

Barba y Porto consideran que este informe «ampara la ejecución de unas obras no menores, sino mayores, estructurales y de nueva planta que afectan a la seguridad de personas y bienes y donde se modifican las condiciones de catalogación del edificio», aprobadas en 1999, y «sin que haya referencia soporte alguna a la situación que se pretende revertir» y que es «absolutamente inseguro e insalubre».

Para ello se basan en que, según lo expuesto en el cuerpo del documento, se prevé la ejecución «de un forjado» que haría «transitable el espacio actualmente ocupado por la losa» que cubre la sepultura del dictador, en la Basílica del Valle de los Caídos y que requiere de un plan de prevención, un estudio geotécnico, unos cálculos constructivos y el diseño de una cimentación y aislamiento de mohos y humedades, que no se han previsto en ningún momento.

Ambos arquitectos advierten de graves errores en el diagnóstico y confección de un informe que califican como «discrecional»

Esto afectaría, por tanto, «a la seguridad y salubridad de personas y bienes», como operarios, vigilantes, monjes o visitantes, si, finalmente, la retirada de los restos de Franco llega a término. En ese caso, apuntan, el pavimento podría resultar «ocupado por imágenes o aglomeraciones de personas» sin que se haya previsto «qué peso es capaz de soportar».

En el informe tampoco se reflejan «argumentos justificativos de por qué Patrimonio califica la obra como menor», al margen de los expresamente establecidos en la «normativa vigente, tanto municipal como autonómica y nacional». Todo ello, mientras ignoran «los estudios históricos y gráficos» imprescindibles en cualquier actuación sobre un conjunto arquitectónico protegido.

Estos expertos llaman además la atención por el hecho de que el documento – firmado por un funcionario del Museo del Prado, Víctor Cageao, por cuyo nombramiento los Franco denunciaron irregularidades graves- es suscrito «por un arquitecto técnico municipal que no está facultado para interpretar el planeamiento urbanístico» -sólo un Arquitecto Superior puede hacerlo- y que a pesar de ello plantea «la admisibilidad» técnica de la exhumación.

Tampoco encaja a los expertos que se haya podido confeccionar un proyecto de dicha naturaleza y alcance «en tan sólo dos días (de los cuales uno es inhábil) » e integrado por «18 páginas», dado que versa sobre «edificios protegidos integralmente» y obras a ejecutar que deben disfrutar de todas las «garantías» sobre la integridad física de quienes las lleven a cabo.

Y apuntan a que «dicha falta de previsión parece responder al hecho de presentar a la opinión pública que el coste de exhumación es mínimo (3.090,00 €)» y no contemplan «el coste real que tiene la obra, que sería muy superior y reflejaría que no se trata de una mínima intervención». Los arquitectos señalan una clara intención «voluntarista» de adaptar la polémica Memoria Valorada a la decisión previamente adoptada por el Gobierno de exhumar al dictador.