Dolores Delgado se niega a prometer por escrito a los fiscales su abstención en las causas contra el Gobierno

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, se niega a comprometerse por escrito que se abstendrá en las causas que afectan al Gobierno y, en concreto, en las presentadas, ante el Tribunal Supremo, contra el ejecutivo por la gestión del covid. En el último Consejo Fiscal, varios vocales plantearon la cuestión en el turno de «ruegos y preguntas», pero Delgado la zanjó y no permitió el debate pasando a otro tema y alegando que «se estaba faltando a la institución».

La actitud de Delgado sorprendió a los miembros del Consejo. Fuentes de la carrera fiscal creen que Dolores Delgado «confunde la persona con el cargo» y se lamentan de que, en general, «no haya vías de diálogo fluido con ella».

En el comunicado institucional sobre la reunión del Consejo Fiscal de los días 29 y 30 de julio se señala que «en el apartado de ruegos y preguntas, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo (Luis Navajas) informó sobre los extremos que le habían sido preguntados por la Asociación de Fiscales en una carta abierta dirigida a él en relación a las denuncias y querellas presentadas por particulares contra el Gobierno en los últimos meses». El comunicado afirma que Luis Navajas «aclaró que -de conformidad con el criterio sostenido en las normas de reparto del Tribunal Supremo- las causas contra miembros del Gobierno son asumidas directamente por él».

El comunicado oficial señala también que, en ese punto, «la Fiscal General del Estado tomó la palabra para recordar que el Consejo Fiscal es el órgano de representación de la carrera, facultado para dirigir a la Fiscal General del Estado cuántas peticiones y solicitudes relativas a su competencia se consideren oportunas». Pero ahí quedó la cosa y Dolores Delgado dio por acabada la cuestión, evitando, precisamente, responder a la petición de abstención por escrito que se le ha hecho.

En sus palabras ante el Consejo, Luis Navajas se refería al comunicado de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, solicitándole en julio información sobre las querellas contra el Gobierno por el Covid, que el Tribunal Supremo remitió a la Fiscalía para que adoptara una posición. En realidad, la carta abierta de la Asociación de Fiscales a Luis Navajas se produjo días después de otra remitida directamente a Dolores Delgado pidiendo «información, transparencia e imparcialidad» y reclamándole dicha abstención, «que debería haberse producido nada más ser recibidas las causas». Pero la Fiscal General sigue sin contestar y tampoco lo hizo en el Consejo Fiscal, lo que genera suspicacias.

El Teniente Fiscal, Luis Navajas, alega -según fuentes de la fiscalía- que tiene un «acuerdo verbal» con Dolores Delgado para asumir estos casos, pero los fiscales quieren un compromiso público. «Los criterios a los que se refirió Luis Navajas en el Consejo están claros, pero queremos por escrito la abstención de la Fiscal General». Creen que es importante, precisamente, para la institución «porque es esencial para la carrera fiscal mantener la apariencia de imparcialidad».

Son 51 las querellas o demandas presentadas por particulares o asociaciones contra el Gobierno por la gestión del covid. El Supremo las remitió a la Fiscalía para que adoptara posición y hasta que eso no ocurra están, de facto, bloqueadas. Los fiscales quieren no solo que Luis Navajas asuma los casos, sino que el Consejo Fiscal sea escuchado a la hora de adoptar un criterio común para todos los fiscales de España.

Desconfianza

La actitud de la Fiscal General, dadas las características de su nombramiento, genera «incertidumbre» y «desconfianza», en palabras de un destacado miembro de la fiscalía.  Otro señala que «jamás se ha vivido una situación así» y recuerda que Delgado pasó directamente de ser ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez a ser Fiscal General. «Cuando la proponen públicamente el 13 de enero de este año seguía siendo diputada del PSOE. Fue inaudito».

En manos de Dolores Delgado hay asuntos judiciales de indudable trascendencia política que afectan a la estabilidad y continuidad del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que es la persona que le nombró. Entre ellos, el llamado «caso Dina-Pablo Iglesias», la supuesta caja B de Podemos, todo lo relativo al procèss y el 1-O en Cataluña y las cuestiones sobre el Rey Juan Carlos.