España

Doble golpe a la Iglesia: Podemos exige que pague el IBI y el PSOE quiere quitarle inmuebles

La próxima legislatura no empieza con buen pie para la Iglesia. Podemos exige la “eliminación de la exención del IBI de la cual goza la Iglesia”. Y el PSOE sostiene que se deben “recuperar los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia”. Todo un ataque al que se suman las declaraciones de la portavoz Celaá contra la educación concertada, una de las grandes actividades de la Iglesia.

Podemos ha puesto el punto de mira de sus exigencias de gobernabilidad en la Iglesia. Quiere que la institución pague el IBI que no pagan las sedes de los partidos, las embajadas o los edificios sindicales, y quiere que la Iglesia lo haga aunque esté tan acogida a la Ley de Mecenazgo como todo el resto de ejemplos mencionados.

“En nuestro país nunca se ha acometido una verdadera separación entre la Iglesia católica y el Estado. A consecuencia de ello, la Iglesia sigue disfrutando de privilegios que son imposibles de explicar, al mismo tiempo que a la gente sólo le crece el importe de las facturas”, señalan las exigencias del partido de Pablo Iglesias plasmadas en su promesas electorales.

“Uno de estos privilegios es la exención de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) por los bienes que dice poseer. Mientras que una persona normal tiene que llegar a situaciones de gran necesidad para que se le permita no pagar el IBI, la Iglesia española no solo recibe fondos de nuestra declaración de la renta que luego gasta en televisiones sectarias que nadie ve, sino que, además, se le permite no pagar impuestos por sus propiedades”, afirma Podemos.

“Esta medida tendrá la excepción de los inmuebles afectos al culto, los bienes cuya finalidad principal sea su utilización por parte de Cáritas para la acción social u otro tipo de bienes que gozan de dicha exención por motivos generales”, aclara la formación morada.

Por su parte, el PSOE ataca a la Iglesia por otro flanco. Su programa señala que “recuperaremos los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia y llevaremos a cabo una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.

Todo un ataque que se centra en cuestionar la validez de la propiedad de inmuebles, incluidos los de culto, que, pese a haber pertenecido a la Iglesia durante siglos, han plasmado sus matriculaciones en el Registro de forma tardía o, según el PSOE, cuestionable desde el punto de visto legal.

El tercero de los ataques ya ha sido desvelado: a la educación concertada. Este tipo de colegios no son exclusiva de la Iglesia, pero sí es esta institución una de las que más emplea esta fórmula para hacer accesible a mucha gente una educación privada que de otra manera no podrían pagar.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Sandra Moneo, ha salido ya al paso de este último ataque y ha señalado que las declaraciones de la ministra de Educación y FP en funciones, Isabel Celaá, sobre el derecho a la elección de centro escolar son un «acercamiento a Podemos» después del acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE esta semana.

Moneo se refiere, así, a la intervención de Celaá ante 2.000 representantes de colegios católicos, a quienes señaló que «de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza» que emana del artículo 27 de la Constitución.

La portavoz ‘popular’ ha preguntado ya a la ministra si este es «el primer paso de este Gobierno en funciones en relación a su acuerdo con Podemos» y ha criticado que Celaá «niegue la libertad de las familias a elegir centro y que sus hijos puedan ser educados en sus propias convicciones», tal y como, según ha apuntado, se recoge en la Constitución (artículo 27.3) y lo avala el Tribunal Constitucional.

«Me temo que las palabras de la ministra y la radicalización de su postura la veníamos advirtiendo en los últimos meses», ha declarado la diputada del PP. En su opinión, se trata de un «progresivo acercamiento hacia la postura de Podemos» que «siempre ha sido crítico» con este punto.